Oviedo (EFE).- Cuatro hombres de entre 33 y 45 años se enfrentan a penas de cárcel de entre 10 y 19 años de prisión y al pago de multas que superan los 40 millones de euros como presuntos integrantes de una red de “narcobuzos” que a principios de 2020 trató de introducir 72 kilos de cocaína a través del puerto de Avilés.
Los cuatro acusados, tres de los cuales se encuentran en prisión provisional desde marzo de 2020, serán juzgados a partir del 22 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por unos hechos que, según el relato de la Fiscalía, se llevaron a cabo por parte de un entramado “perfectamente organizado y jerarquizado” para introducir grandes cantidades de drogas y distribuirlas por todo el país.
El líder del grupo, un peruano de 45 años, militar de profesión y con un amplio conocimiento en operaciones subacuáticas, era el encargado de preparar la logística necesaria y el que se encargada de dirigir las tareas del resto de miembros de la banda, según la Fiscalía.
Este hombre contaba con el apoyo de un albanés de 45 años que se encargaba de sufragar los gastos de la operación, de conducir los coches que utilizaban y de dar seguridad en los desplazamientos.
Los otros dos presuntos integrantes de la red se situaban en un escalón inferior y, como buzos militares de profesión, eran los encargados de recuperar la droga del buque utilizado para tratar de introducir la droga en España, para, a continuación, regresar a Perú, su país de origen.
Hasta 19 años de cárcel
Para estos dos últimos, la Fiscalía pide sendas penas de diez años y de prisión y multa de 10,2 millones de euros a cada uno por tráfico de drogas, mientras que para los otros dos eleva la petición a quince años por el mismo delito, y para uno de ellos, el encargado de conducir los coches, cuatro años más por un delito de atentado a agentes de la autoridad.
Los cuatro fueron detenidos el 12 de marzo de 2020 en Asturias durante una entrega controlada montada con la participación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), las autoridades de Panamá y la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Guardia Civil.
La operación se diseñó a raíz de que la DEA informase a las autoridades panameñas que iba a hacer escala en el puerto de Balboa un buque procedente de Puerto Callao, en Perú, y con destino al puerto de Avilés, que portaba en dos bolsas de lona sesenta paquetes con cocaína que habían sido ocultadas en el lado de estribor del buque, a unos 45 pies de profundidad.
El 15 de febrero, buzos militares panameños sustituyeron los paquetes de cocaína, que arrojaron un peso superior a los 72 kilos, por otros con una apariencia similar y una sustancia inocua para la salud junto a la que colocaron un dispositivo de rastreo, a la vez que se pidió el apoyo de la Audiencia Nacional para detener en España a las personas que fuesen a recoger la droga.
Detenciones en Zeluán
Con ese fin, se montó un dispositivo de vigilancia en la vivienda que los acusados habían alquilado en Avilés que concluyó la madrugada del 12 de marzo, cuando los agentes les siguieron hasta una playa situada en Zeluán desde donde dos de ellos, con equipos de buzo, fueron hasta el barco.
De vuelta a la playa con los 60 paquetes con la supuesta droga, ambos fueron detenidos, junto al que había permanecido en la arena realizando tareas de vigilancia.
El cuarto, el encargado de trasladarles en coche, fue localizado en las inmediaciones de la vivienda que tenían alquilada en Avilés, y, tras intentar atropellar a un agente que trató de darle el alto, fue detenido tras de protagonizar una larga persecución policial por la autovía AI-81, en sentido Gijón.
El valor en el mercado ilícito de la droga que los procesados pretendían introducir en España ascendía a más de 2,5 millones de euros en el caso de que la venta se produjera por kilogramos y de cerca de 4,5 en el caso de que la venta se produjera por gramos. EFE
