Oviedo (EFE).- La primera sesión del juicio contra el exdirector de la sucursal del Banco Pastor en Cangas de Onís acusado de estafar aproximadamente cinco millones de euros a más de una treintena de clientes, ha sido aplazada hasta mañana por problemas en los sistemas informáticos de la sala.
La vista oral, que estaba señalada hoy a las 10:30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, arrancará mañana a las 09:30 horas y está previsto que se prolongue a lo largo de ocho jornadas.
El Ministerio Fiscal pide una pena de ocho años de prisión y el pago de una multa de unos 9.600 euros por un delito continuado de apropiación indebida, mientras que las acusaciones particulares solicitan entre siete y ocho años de cárcel.
Por su parte, la defensa del exdirector de la sucursal reclama un año y diez meses de cárcel por un delito de administración desleal y pide que se apliquen las atenuantes de dilación indebida y colaboración y arrepentimiento.
No obstante, la representación de la defensa, la Fiscalía y las acusaciones particulares, entre ellas las que ejerce el Banco Santander (entidad que absorbió el Banco Pastor), han negociado un posible acuerdo entre las partes que, en caso de sustanciarse mañana, reduciría la pena al encausado.
El abogado del Banco Santander, Luis Llanes, ha explicado que la entidad bancaria ostenta la doble condición de acusación y defensa -por ser responsable civil subsidiario-, por lo que podría “ser factible” que renuncie a la primera para poder reclamar acciones civiles.
El relato de la Fiscalía
Según el relato del Ministerio Público, el acusado, durante su etapa al frente de la sucursal y guiado por el ánimo de enriquecimiento propio o de terceros y aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto, movió dinero de las cuentas de algunos clientes sin su autorización y sin conocimiento ni consentimiento de la entidad.
Fueron cerca de cuarenta operaciones que consistieron en la retirada de sumas de dinero de las cuentas de los clientes bancarios y se apoderó de las mismas entregándoselas a terceros ajenos a la entidad o realizando abonos en otras cuentas bancarias de otros clientes de su interés.
Para formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, se sirvió de la relación de confianza, vecindad o amistad con los clientes y del crédito empresarial de la entidad para la que servía, señala la Fiscalía.
En unas ocasiones elaboró diversos impresos con el membrete de la entidad en los que se reflejaban las cuantías dispuestas obteniendo la firma de los clientes afectos mediante la presentación del documento en blanco bajo el pretexto de otras operaciones.
Otras veces las autorizaba con su propia firma y, en ocasiones, las materializaba sin rubrica alguna.
Según detalla la Fiscalía, el acusado no ha negado que efectuó una “banca paralela”, si bien ha argumentado que lo hizo para “favorecer al banco”, de cara a evitar que determinadas cuentas entraran en mora y facilitar la concesión de préstamos a terceros. EFE
