A juicio cuatro ex altos cargos por la ampliación del puerto de Gijón

Madrid, 15 ene (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes las supuestas irregularidades detectadas en la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón (Asturias), por las que están acusadas una veintena de personas, entre ellas cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado, que afrontan peticiones de condena de la Fiscalía de entre dos y tres años de prisión.

Entre ellos figura quien fuese secretario de Estado de Transportes con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, Fernando Palao, y el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas, para quienes la Fiscalía solicita tres años de prisión y nueve de inhabilitación.

Para el expresidente del puerto gijonés Fernando Menéndez pide tres años de cárcel y 25 de inhabilitación por supuesto fraude y prevaricación, mientras que para el exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato, solicita tres años de prisión y 18 de inhabilitación.

La Fiscalía reclama asimismo al expresidente del puerto gijonés el pago de una indemnización de 8,3 millones a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que conllevó el derribo de varias edificaciones, y considera responsable civil subsidiario a la Autoridad Portuaria de Gijón.

Las obras en las que se centra este caso fueron adjudicadas por 580 millones en 2005, pero finalmente costaron más de 800 millones, lo que supuso un aumento de 250 millones; se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.

La Fiscalía comenzó a sospechar tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que puso el foco en «algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecución de la obras de ampliación del puerto de El Musel», según señaló la Audiencia Nacional cuando dictaminó la competencia de este tribunal para investigar estos hechos porque la presunta defraudación de fondos públicos pudo afectar a la economía nacional.

Junto a los cuatro ex altos cargos, también se sentarán en el banquillo 17 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), que resultó adjudicataria de la obra. La Fiscalía pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación para ellos.

El fiscal considera que la cementera Tudela Veguín (Grupo Masaveu) fue partícipe a título lucrativo por valor de 80 millones de euros en el proyecto al alcanzarse «acuerdos paralelos» que supusieron unos notables beneficios económicos para la empresa, que sólo facturó a la UTE el importe relacionados con la explotación de las canteras, «sin que se pactara ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales».

No obstante, la UTE admitió haber abonado esos 80 millones de euros, al margen de las compras de cemento, a Tudela Veguín por unas contraprestaciones complementarias «que no fueron nunca facturadas» destinadas a varias obras en beneficio de la empresa cementera, a la que la Fiscalía pide que indemnice por esa cuantía al Estado.