Oviedo (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido hoy de que Podemos parece no querer pactar con el Gobierno el presupuesto de 2023 al entregar “muy tarde” sus propuestas para las cuentas del próximo año y sobre las que el Ejecutivo lleva semanas intercambiando información con IU, Cs, Foro y el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández.
“Si hubieran querido pactar lo habrían presentado antes”, ha señalado Barbón respecto al documento que Podemos envió ayer a la FSA-PSOE con demandas como la reducción de 700.000 a 500.000 euros del mínimo exento del impuesto de Patrimonio; nuevos tributos a las estancias turísticas y a las actividades que inciden en el medio ambiente o una subida del 15 % en el salario social.
Sobre esa prestación se ha interesado el portavoz de la formación morada, Rafael Palacios, en el turno de preguntas al presidente del pleno que hoy celebra la Junta General del Principado al plantear a Barbón si consideraba que su actual cuantía garantiza una vida digna.
Según Palacios, en la actual coyuntura marcada por la subida de la inflación, el salario social no es ya “una estación de tránsito entre la precariedad y el mercado laboral” sino “un flotador al que se agarran muchas personas” en un momento en el que una parte importante de los trabajadores “no consiguen llegar a fin de mes”.
La segunda mejor cobertura de España
En su respuesta, Barbón, que sólo necesitaría del apoyo de IU y de Fernández Bartolomé para sacar adelante su cuarto presupuesto, ha señalado que el salario social asturiano es la segunda prestación que da “una mejor cobertura” en toda España y que sus perceptores se verán además beneficiados de otras ayudas complementarias (alquiler, menores o dependientes a cargo).
Además, ha recordado que de los 14.248 perceptores del salario social en Asturias, que supone un coste de 78 millones de euros al año, unos 9.000 cobran también el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central de forma que su cuantía se complementa hasta alcanzar la que corresponde a la prestación financiada por la administración autonómica.
Barbón ha admitido que una parte de los beneficiarios de esa prestación no está en condiciones de acceder al mercado laboral, pero ha subrayado que el cobro del salario social “no debe ser un destino sin retorno” y que garantizar “la dignidad” de esas personas obliga también a facilitarles un itinerario para que puedan acceder a un empleo.
“Si hay una persona que pudiendo trabajar se niega, ahí somos tajantes: usted no puede disfrutar de un privilegio cuando tiene capacidad de trabajar. La inmensa mayoría de los perceptores del salario social tienen que trabajar”, ha apuntado. EFE
