Oviedo (EFE).- El exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato ha justificado este martes en la Audiencia Nacional la necesidad de realizar las obras de ampliación ante la situación de “congestión” que se registraba hacía casi dos décadas con unas instalaciones “obsoletas” para atender al incremento del tráfico marítimo, donde los barcos tenían una espera media para atracar de “tres y cuatro días”.
La Fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel y 18 años de inhabilitación para José Luis Díaz Rato, al que imputa un delito de fraude y otros, como cooperador necesario, de prevaricación administrativa.
Díaz Rato, que estuvo al frente de la dirección del puerto gijonés entre febrero de 2000 y noviembre de 2011, ha explicado que el puerto gijonés presentaba en el año 1999 una situación “muy complicada” por su estado de congestión que hizo necesaria la realización de varias ampliaciones.
En su declaración, ha asegurado que el primer proyecto de ampliación le “fue impuesto” por Puertos del Estado ya que, aunque él aportó varios informes técnicos que indicaban que no era “ni el más indicado, ni el más efectivo”, le dijeron que debía llevarlo adelante y tenerlo terminado en 2008 porque en caso contrario no habría financiación.
Díaz Rato ha incidido también en que todos los modificados estaban “consensuados y aprobados” por unanimidad y siempre avalados por Puertos del Estado.
De 499 a 800 millones por “circunstancias sobrevenidas”
El exdirector ha justificado los sobrecostes de la obra -de los 499 millones iniciales se pasó a los 800 millones- en “circunstancias sobrevenidas” por el déficit en el suministro de materiales en la cantera de Aboño y Perecil 1, ya que, según ha explicado, era la piedra angular de toda la obra.
Además, ha denunciado que en una reunión Manuel Menéndez, presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico -uno de los grupos que integran la UTE Dique Torres, adjudicataria del contrato- fue “muy rotundo” al decir que no les iba a permitir que explotaran la cantera de Aboño hasta que se hiciera la desulfuradora que, en su opinión, es ilegal porque inició las obras sin declaración de impacto ambiental y sin licencias cuando creían que cumplía con todas las obligaciones”, ha dicho.
El fiscal le ha preguntado también las razones por las que envió una carta en diciembre de 2004 a los que resultaron posteriormente adjudicatarios de la obra y Díaz Rato ha argumentado que se debió a que las empresas que formaban parte de la UTE estaban realizando las obras de Langosteira, en el puerto de A Coruña, y tenían la duda de si “iban a hacer un baile de medios y personal”.
La Fiscalía sostiene que, en 2004, Díaz Rato junto al expresidente del puerto de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, impulsaron el proyecto de ampliación “aun siendo plenamente conocedores de que únicamente redundaría en un beneficio económico, directo o indirecto”, para la empresa o empresas privadas que resultaran adjudicatarias del contrato público con un endeudamiento a largo plazo para la Autoridad Portuaria de Gijón, tesis que ambos niegan. EFE
