El expresidente de El Musel alega que Puertos del Estado avaló la ampliación

Madrid (EFE).- El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha asegurado este lunes en la Audiencia Nacional que las obras de ampliación de El Musel, un proyecto que ha calificado como “pionero a nivel mundial”, estaban avaladas por Puertos del Estado y ha justificado los modificados en los “problemas técnicos”.

La Audiencia Nacional ha acogido hoy la primera de las 23 sesiones del juicio del denominado “caso Musel” por las presuntas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de Gijón, que se desarrollará hasta el próximo mes de junio y en el que están acusadas 21 personas, entre ellas cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado, que afrontan peticiones de condena de la Fiscalía de entre dos y tres años de prisión.

Menéndez Rexach, que presidió la Autoridad Portuaria de Gijón desde el 15 de mayo de 2004 a julio de 2011, afronta una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel y 25 años de inhabilitación por un delito de fraude y dos delitos de prevaricación administrativa.

El expresidente ha explicado que el debate sobre el proyecto de ampliación se inició en 1999, el anteproyecto se expuso en la Feria de Muestras de Gijón en 2000 y se celebró un consejo de administración donde “entre la disparidad de proyectos existentes” se seleccionó el de Fomento porque era “el único que podría tener los Fondos de Compensación Europeo”.

Una obra que costó 800 millones

La obra estaba presupuestada en 499 millones, pero finalmente costó 800 millones; 247,5 millones eran ayudas procedentes del fondo europeo, se pidió un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) bajo el paraguas de la administración central, que se concedió con un plazo de amortización que iba con tres tramos: a interés fijo, a interés variable revisable y a interés variable no revisable, con un periodo de 6 a 7 años de carencia y 25 años de amortización.

Menéndez Rexach ha afirmado que en 2004 Asturias era objetivo número 1, por lo que si no se hubiera contado con la financiación de fondos europeos el proyecto no sería viable “en las mismas condiciones”.

Antes de que asumiera su cargo ha dicho que se habían realizado estudios previos de canteras, alternativas y maniobrabilidad y ha justificado la necesidad de la obra porque el puerto gijonés “estaba con un nivel de saturación del 91% de suelo disponible y la terminal de sólidos estaba congestionada”.

Ha manifestado que El Musel es un puerto sin abrigo natural y las aguas abrigadas son a través de terreno ganado al mar y para hacer esta obra las necesidades de material pétreo suponen entre el 70 u 80% del presupuesto.

“Es un proyecto donde se construye un dique frente al Cantábrico y esa ampliación exige unas aportaciones muy grandes de material constante porque si no el mismo ataque del mar se lleva el material”, ha recalcado.

Sin embargo, ha reiterado que no conocía en profundidad todos los detalles técnicos porque cuando asumió la presidencia ya estaba aprobado, por lo que él se “subió al carro”.

La Fiscalía ha incidido en que el plazo de 48 meses fijado estaba “infradimensionado” por lo que se sabía que iba a ser necesario un modificado, pero el acusado ha dicho que carecía del criterio para evaluarlo al no ser técnico y no haber intervenido en la valoración técnica.

Cuestiones previas

En el trámite de cuestiones previas, el tribunal ha acordado que el acusado José María L.P., directivo de Fomento, Construcción y Contratas (FCC) que formaba parte de la UTE Dique Torres, para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público, sea juzgado en una pieza separada por problemas de salud.

La Sala también ha admitido la petición de las defensas para que los acusados, una vez que declaren, sólo comparezcan en la jornada de conclusiones a la sala, dados sus problemas médicos -uno sufrió una angina de pecho y otro ingresado recientemente por una neumonía- y su elevada edad, ya que muchos rondan los 80 años.

La defensa de la cementera Tudela Veguín, a la que la Fiscalía reclama 80 millones de euros como responsable civil como beneficiario a título lucrativo, ha pedido la prescripción de la causa, aunque el tribunal ha anunciado que se pronunciará en la sentencia.

El juicio seguirá mañana con la continuación del interrogatorio a Menéndez Rexach por parte del fiscal y de las defensas.EFE