Oviedo, 10 oct (EFE).- La nueva ley de Calidad Ambiental no tendrá impacto administrativo en la actividad de los ayuntamientos, no afectará a sus competencias ni supondrá una merma en la protección del medio ambiente, según el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, que ha incidido en que la administración autonómica buscará fórmulas de cooperación para su aplicación y financiación en los pequeños y medianos concejos.
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha comparecido hoy en comisión ante el parlamento autonómico para informar sobre la nueva normativa que se está tramitando actualmente y que cuenta con la oposición frontal de Podemos e Izquierda Unida, que quieren devolver el texto.
Con esta ley el Principado pretende eliminar cada año en torno a medio millar de licencias y simplificar los procedimientos administrativos a la hora de obtener el permiso necesario en ese ámbito para el desarrollo instalación de distintas actividades económicas.
En el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, como talleres, carpinterías ganaderías u hoteles, se opta por la fórmula de la declaración responsable que deberán tramitar los ayuntamientos y que permitirá a los solicitantes iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior.
Cofiño ha insistido en que con la nueva normativa se va a dejar atrás un modelo vigente desde 1961 que exige una tramitación larga y compleja -ahora hay que esperar de media un año para obtener respuesta a la hora de abrir un restaurante o negocio sin afección ambiental- “sin que se vean menoscabadas las garantías ambientales ni aumente la carga administrativa de los ayuntamientos”.
Guías para la interpretación de la norma
No obstante, ha señalado que para facilitar su aplicación y desarrollo en los ayuntamientos más pequeños, el Principado elaborará guías para la correcta interpretación de los regímenes de intervención o herramientas que facilite la operación de registro de las operaciones responsables “y fórmulas de cooperación para hacer frente a los gastos que pueda acarrear la aplicación de la norma”.
De los 516 expedientes de licencias tramitadas anualmente de promedio en Asturias entre 2017 y 2021, un total de 234 se resolvieron en Gijón (83 expedientes), Oviedo (73), Siero (42) y Avilés (33), mientras que en los 74 concejos restantes el número de expedientes anuales rara vez sube de los diez y para más de la mitad no supera los cinco al año.
Con la nueva ley, entre un 10 y un 20 por ciento de los expedientes que ahora requerían de su tramitación municipal pasarán a ser asumidos por la administración autonómica, unos 66 al año, con lo que “se liberará a los municipios de responsabilidades” sin que, en opinión de Cofiño vaya a suponer un aumento de la litigiosidad o de los costes.
“Se trata de agilizar trámites para que ciudadanos puedan emprender de forma mejor y más rápida negocios sin carga ambiental”, ha añadido Cofiño, que ha defendido una “lucha larga, difícil y compleja” para desburocratizar y mejorar la administración asturiana, con la reforma de más normas, algunas de ellas, muy importantes.
No obstante, la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, ha señalado que esta norma va a permitir que grandes hoteles, subestaciones eléctricas, antenas de telefonía, pequeñas depuradoras o canteras puedan autorizarse con una declaración responsable que supondrá una merma de la protección ambiental y dará una mayor carga de trabajo a ayuntamientos que no disponden de personal suficiente.
En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador de IU, Ovidio Zapico, que ha defendido la lucha emprendida contra la burocracia, pero no que se haga a costa de los ayuntamientos ni de las repercusiones que tendrá desde el punto de vista de la protección ambiental.
Zapico ha criticado además al Gobierno socialista “por haber decidido pactar” con un grupo “que no formará parte de la realidad política dentro de unos meses”, en referencia a Ciudadanos, en vez de haber iniciado “la senda del diálogo con quienes deberían ser sus aliados naturales en esta cámara”.
“El Gobierno pactará con todos los que se avengan a hacerlo”, le ha replicado el vicepresidente, que se ha mostrado preocupado por el “tic antidemocrático” de Zapico tras negar que la ley responda a intereses empresariales y de aclarar que la familia política se elige y que él eligio el socialismo y no el comunismo.
Desde Ciudadanos, Luis Carlos Fanjul sí que ha defendido esta normativa, al igual que el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández, que han animado al Principado a seguir por el camino que permita agilizar los trámites ante la administración y que no ven que vaya a convertirse en un coladero de proyectos.
El popular Javier Brea también se ha mostrado partidario de esta normativa y ha reconocido la necesidad de prescindir de instrumentos antiguos que hacen que haya casos en los que obtener una licencia tarde hasta tres años en tramitarse, pero ha pedido que se defina más cómo se va aplicar la nueva ley.
Desde Foro, Adrián Pumares, ha criticado que se utilice el municipalismo para oponerse a una ley y ha reclamado más apoyo para los pequeños concejos, que están infradotados. EFE
Edición web: Gorka Vega.
