Málaga, (EFE).- El Tribunal encargado de enjuiciar el caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística de Estepona (Málaga) ha ampliado hasta mayo de 2024 las declaraciones de testigos y peritos en la fase de prueba, un juicio que comenzó en enero de 2023 con cuestiones previas.
El juicio se ha dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Fórmula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al número elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.
El juicio comenzó el 9 de enero con las cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas.
El 7 de marzo se inició el enjuiciamiento por bloques. Y se inició con el apartado de las supuestas irregularidades en materia urbanística entre los años 2003 y 2008 cuando era alcalde el acusado, el socialista Antonio Barrientos. Que se enfrenta a diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación.
Uno de los bloques más esperado es el octavo, donde se tratará la supuesta financiación de partidos políticos. Y según la providencia, a la que ha tenido acceso EFE, está previsto que ello ocurra a partir de 6 de julio de este año.
Periciales del fiscal en 2024
Habrá que esperar hasta finales de mayo de 2024 para las periciales del fiscal y las partes personadas en el procedimiento. Por lo que hasta como mínimo junio de ese mismo año no se podrán elaborar las conclusiones definitivas e informes.
Este macroproceso siempre ha tenido muchas similitudes con el caso Malaya pero puede que debido a su complejidad y el número de acusados hasta supere las 199 sesiones tras veintidós meses de vista que necesitó la operación de Marbella. Que supuso la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España.
Otra polémica que ha perseguido al caso Astapa ha sido que ha necesitado quince años desde que se abriera el procedimiento para encarar el juicio. Y son muchos los abogados defensores que lo califican como “la causa más larga de nuestro procedimiento penal. Y donde las dilaciones indebidas sean las de mayor magnitud de la historia”, ha recalcado a EFE, el letrado José Carlos Aguilera.
En el banquillo de los acusados, además del exalcalde, hay sentadas casi 50 personas más (entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales). Y dos de ellos, que militaban en el Partido de Estepona (PES), han admitido en una carta alguno de los hechos. Y han presentado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena superior a dos años de prisión.
La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.
Trama entre 2003 y 2007
El fiscal mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público. Que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.
El ministerio público sostiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios. “Que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”.
Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales y en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores. EFE
