Toledo (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado 7,7 millones de euros para la gestión integral de tres centros de atención a personas con discapacidad en San Clemente (Cuenca), Tarancón (Cuenca) y Yunquera de Henares (Guadalajara).
Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de Gobierno de este martes, en la que ha explicado que se trata de dos prórrogas para los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) de Yunquera de Henares y San Clemente, y la licitación para el centro ocupacional y vivienda de Tarancón.
El primero de ellos, el centro ocupacional y la vivienda con apoyo de Tarancón dispone de 48 plazas en el centro ocupacional y ocho en la vivienda con apoyo, una licitación que sale para los próximos tres años con un importe base que supera los 2,5 millones de euros.
La finalidad de este centro ocupacional es “la habilitación profesional y social” de las personas con discapacidad, además de tener asignada una vivienda con apoyo para responder a las necesidades de alojamiento y convivencia de los usuarios del centro de la manera más independiente posible.
3,2 millones para el CADIG de San Clemente
Para el CADIG de San Clemente, la Junta ha autorizado una prórroga por dos anualidades, desde agosto de este año hasta julio de 2025, por un importe que también supera los 2,5 millones de euros para ofrecer 32 plazas residenciales y 15 plazas de centro de día.
Fernández ha recordado que los profesionales de estos centros atienden de manera integral, y con planes personalizados, las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, ya que tienen que acudir a estos espacios cuando no tienen apoyos familiares suficientes.
Y, el tercer centro, el CADIG de Yunquera de Henares, que ha sido prorrogado durante un año hasta el 30 de junio de 2024, con un importe base de licitación de 2,38 millones de euros.
Con este acuerdo ascienden a 48 las plazas residenciales ofertadas y a doce en el centro de día.
“Son políticas que merecen muchísimo la pena para personas en situación de una vulnerabilidad muy grande que, si no estuvieran atendidas de esta manera tan solidaria, no podrían llevar una vida medianamente en condiciones”, ha asegurado.
Prórroga del Plan Temporal de Empleo
Asimismo, la Junta de Comunidades ha aprobado la primera prórroga del Plan Temporal de Empleo para doce personas funcionarias interinas en distintas especialidades para la gestión y diseño de 86 proyectos, impulsados por la consejería de Bienestar Social y financiados con los fondos europeos de recuperación.
De las 86 actuaciones acometidas, 34 están finalizadas; 22 en ejecución, seis en fase de licitación y 24 en la fase de redacción de proyecto.
Fernández ha detallado que el objetivo de esta prórroga es mejorar y ampliar infraestructuras, así como mejorar la red de servicios de atención a personas mayores con discapacidad y menores, y, de esta forma, tener una mejor atención cuando finalicen la mejora de las infraestructuras y también tener más plazas.
Presupuesto de 512.527 euros
Para ello, el Ejecutivo regional ha aprobado un presupuesto de 512.527 euros, que permitirá que 12 profesionales de distintas áreas -derecho, arquitectura, ingeniería técnica industrial y arquitectura técnica- continúen con estas actuaciones que son “la base de ese impulso definitivo” para la atención de las personas mayores y con discapacidad.
Además, Fernández ha recordado que se han puesto en marcha varias convocatorias para ayudar a las entidades locales, especialmente a los ayuntamientos, a mejorar la accesibilidad física y digital de sus instalaciones.
La primera convocatoria es para mejorar infraestructuras sociales en zonas rurales en situación de extrema despoblación, a la que se han presentado 147 solicitudes.
La segunda, con el mismo objetivo, está dirigida a núcleos de población en situación de riesgo o de intensa despoblación, y se han presentado 163 solicitudes de ayuntamientos.
A su vez, hay dos convocatorias, que aún no están cerradas, para mejorar la accesibilidad universal en viviendas de personas mayores, viviendas para personas con discapacidad o en situación de dependencia.
