Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional estudiará la semana que viene la posibilidad de estimar el recurso de la exministra de Transportes y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, y anular su condena a nueva años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, como propone la ponencia redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán.
Fuentes jurídicas han informado a EFE del sentido del texto planteado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, para el Pleno que comenzará el próximo 18 de junio y en el que comenzará la deliberación sobre el primero de los 12 recursos interpuestos por los condenados.
Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados, el Pleno abordará por vez primera la deliberación y resolución de los recursos, el primero de ellos el de Álvarez.
Los magistrados debatirán si están de acuerdo con el criterio de la vicepresidenta del TC.
Estimar los recursos de ocho de los condenados
La Fiscalía del Constitucional ha pedido estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que Griñán fue condenado a penas de prisión. Del último recurso, el del exconsejero José Antonio Viera Chacón, solicita su inadmisión.
El tribunal de garantías admitió a trámite los recursos el 5 de junio de 2023 y el pasado septiembre rechazó dejar en libertad a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión, mientras se resolvía el fondo de sus recursos de amparo.
Esta decisión no afectó a Griñán que desistió de su petición cautelar, una vez que la Audiencia de Sevilla acordó suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión debido al cáncer que padece, si bien mantuvo su recurso de amparo.
Ya entonces, el tribunal avanzó que hasta el verano de 2024 no aspiraba a comenzar las deliberaciones por ser “doce recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general”.
