Ruth del Moral |
Madrid (EFE).- El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en sesiones plenarias y en comisiones, abre un debate legal sobre cómo llevarse a cabo y al mismo tiempo supone un desafío logístico al requerir de sistemas técnicos, traductores o ‘pinganillos’; un coste económico que podría llegar al millón de euros.
La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, fiel defensora de las lenguas y de su uso en las instituciones ha dejado claro que quiere trasladar a la Cámara Baja el uso del catalán, del euskera y del gallego lo antes posible, lo que ha provocado elogios de los partidos nacionalistas pero ha levantado críticas en la derecha.
“No tiene facultad política para decir lo que debe hacerse en el Congreso”, le ha puntualizado el nuevo secretario tercero de la Mesa, Guillermo Mariscal, que considera que debe reformarse el reglamento.
El PSOE, ¿a favor?
Esta vieja aspiración nacionalista, puesta sobre la mesa en múltiples ocasiones, cobra más fuerza que nunca en esta XV Legislatura, y esta vez parece contar con el apoyo de los socialistas.
De momento, en el reglamento del Congreso, ni en su capítulo primero, ni en el segundo, referido a los derechos y prerrogativas de los diputados, ni en su artículo 70, sobre la marcha de los debates en el pleno, se menciona el idioma que deben utilizar los diputados en la Cámara.
En todo caso, sería la presidenta del Congreso la que teniendo soberanía para interpretar la norma pueda decidir sobre su uso, aunque en este caso Armengol ha puntualizado que buscará el consenso y hablará con todos los grupos parlamentarios, además de con los servicios técnicos del Congreso.
Es el artículo 3 de la Constitución el que sí deja claro que “el castellano es la lengua española oficial del Estado”: “Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” y “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
“La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, señala la Carta Magna.
La larga espera para reformar el reglamento
Habitualmente, la flexibilidad ha sido la tónica predominante en los debates del Congreso donde las presidencias solo han intervenido y retirado la palabra cuando el discurso se prolongaba demasiado.
Lo cierto es que la reforma del reglamento se ha intentado en varias ocasiones.
La última en junio de 2022, cuando ERC, JxCAT, PDeCAT, PNV, EH Bildu, la Cup, BNG y otras formaciones de izquierda como Podemos, Más País y Compromís plantearon cambiar el artículo 6.2 de Reglamento del Congreso a través de una proposición de Ley.
“Para que los diputados tengan el derecho de intervenir en las sesiones del pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas”, era uno de sus puntos. Y para “el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas”, era otro de los puntos de la iniciativa.
También planteaba que los servicios de la Cámara tradujeran al castellano los escritos presentados en el registro en alguna de las lenguas cooficiales, así como publicar dichos escritos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Sin embargo, la reforma fue rechazada por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos aunque los socialistas si apoyaron en el Senado otra iniciativa similar, ya que entonces veían más lógico mejorar el uso de las lenguas cooficiales en una cámara territorial.
“No sabemos cómo va a ser, quizá el uso de las lenguas en momentos puntuales y acotados”, señalan fuentes de EH Bildu, que no quieren una reforma “light”.
El precedente del Senado
El caso de la Cámara Alta marca un precedente ya que desde 1994 su reglamento se han modificado para mejorar el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria.
Actualmente en el Senado se pueden debatir en otras lenguas las mociones que van al pleno y también las iniciativas en las comisiones.
El primer cambio fue hace 29 años cuando se autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrollaba en comisión.
En 2005 se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.
Estimación: un millón de euros al año
En otro plano está el coste económico y logístico que supone utilizar tres lenguas diferentes del castellano en las Cortes.
Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados tendrían que ponerse a disposición de la Cámara Baja, lo que elevaría el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 se elevó a 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5 % del total.
En el caso del Senado, el último cálculo señalado por JxCAT para implantar las lenguas en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales.
Ya en 2006, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso, en un intento de modificar el reglamento del Congreso en profundidad, chocaron en la autorización del empleo de lenguas distintas del castellano.
Fue el escollo que precisamente frustró aquel intento de reforma.
El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, zanjó que para introducir el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja era necesaria una ley específica de lenguas después de que se vivieran algunos incidentes provocados por ERC en el pleno.
