Diego Tavero I Sevilla, (EFE).- La exhumación de los restos de Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena ha sido consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pero mucho ha tenido que ver la persistencia de asociaciones memorialistas, cuyo próximo objetivo es que el cortijo del general franquista en Sevilla forme parte del patrimonio público.
Desde hace años, la Asociación Nuestra Memoria impulsa una investigación para reunir pruebas que permita reclamar el uso público de un complejo agrícola con 480 hectáreas que sigue en manos de los herederos de Queipo de Llano, de nombre Gambogaz, para lo que se constituyó una plataforma que busca “hacer justicia” con esta finca.
Situado en el término municipal de Camas, muy cerca de la capital sevillana, el cortijo de Queipo, actualmente en un estado de semiabandono, durante la Guerra Civil fue cuartel de Queipo de Llano, donde exhibió poderío en una ciudad en la que “disponía de plenos poderes para ejercer prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara”, según ha explicado a EFE, Bonifacio Cañibano, coordinador de las acciones de la Plataforma Gambogaz.
La compra de la finca
La finca Gambogaz llegó a manos del general franquista en 1937, solo unos meses después del alzamiento contra la República y tras una dura represión contra el Frente Popular que le permitió tomar la ciudad rápidamente, y se quedó con el cortijo mediante una “compleja operación” que la Plataforma investiga desde hace años para “desmontarla”.
“Queipo se adueña de la finca con malas artes, de manera indebida”, señala Cañibano, quien explica que su anterior propietario, el ganadero gaditano Manuel Camacho, murió en los años 80 “jurando” que no recibió dinero del general por la finca y que lo que sufrió fue una expropiación de sus bienes.
Según el investigador, el 86 por ciento de los terrenos de Gambogaz los adquiere Queipo de Llano mediante la compra a Manuel Camacho, quien a su vez había adquirido el lote de suelos a la familia Vázquez de la Lastra, la “propietaria histórica” de todos estos terrenos, que conservó un 14 por ciento de los mismos.
La investigación de este colectivo les lleva a concluir que Manuel Camacho se desprende de estos terrenos el 24 de diciembre de 1937, mediante una firma ante el notario Fulgencio Echaide, un profesional “de la confianza” del general, e incluso, al parecer, el vendedor no estaba presente en el acto de la firma porque se encontraba en prisión.
¿Quién paga la finca de Queipo?
Según explica el investigador, en las escrituras de la operación de compraventa figura una mención a que Queipo de Llano financiaba la adquisición de los terrenos gracias a los fondos cosechados por una “recaudación popular” a su favor por su papel en el golpe de Estado, algo sobre lo que no tienen documentos, pero cuyo montante final el historiador Paul Preston cifró en unas 100.000 pesetas.
“Esta colecta se produjo el 18 de julio del 37 y duró una semana. Las aportaciones eran de entre tres y cinco pesetas. En total, unas 100.000 pesetas. y la finca costó un millón y medio. Para poder pagarlo tendría que dedicarle el sueldo de un general durante cincuenta y dos años”, ha indicado Cañibano, quien cree que esta cuestión es la clave de la estrategia de la Plataforma para reivindicar el obligatorio carácter público de esta propiedad en el futuro.
La investigación de los memorialistas les lleva al Banco de España. Según explica Bonifacio Cañibano, el Banco le paga a Queipo el importe de la finca porque “entonces era una institución que estaba con los golpistas”, algo sobre lo que reconoce que no hay documentación pero que propició que el general constituyera la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano y transmitiera la titularidad de los terrenos a la entidad recién creada.
No solo se valió el general franquista de la ayuda del Banco de España para hacerse con la finca, sino que Camacho accedió a vender “a cambio de su vida”, según explica el investigador. Además, cuenta que el ganadero estuvo en la cárcel por tráfico de divisas y fue puesto en libertad en junio previo pago de una multa de 5.000 pesetas.
Trabajo esclavo
El 24 de diciembre de 1937 traspasa Gambogaz a Queipo. La investigación de la Plataforma apunta a que, en la práctica, sacrificó la finca con una venta simulada para salvar su vida tras pasar por prisión.
La Ley de Memoria Democrática, que propició hace unos días la exhumación de los restos de Queipo de la Macarena, no entra en la “reversión de los bienes incautados o expropiados”, según apunta Cañibano, quien ha contado que, pese a todo, la nueva normativa puede “ayudar” cuando se demuestre que en la finca hubo “trabajo esclavo”.
En Gambogaz “trabajaron presos sacados de la prisión provincial por orden del gobernador civil” de la época y del que era “encargado de Queipo en el cortijo”, Emilio Elena Landa, según relata el historiador José María García Márquez, lo que la Plataforma considera un testimonio documental que demuestra el uso de trabajadores forzados.
No obstante, Cañibano reconoce que necesitan más colaboración por parte de todas las administraciones, de las que ha dicho que “hasta ahora no lo han hecho” sobre todo para tener acceso a los documentos, y en sus críticas no diferencia entre las gobernadas por el PSOE de las del PP, aunque recuerda que este último partido era el gobernante de las administraciones gallegas cuando se impulsó la cesión al Estado del Pazo de Meirás.
Patrimonio público
Bonifacio Cañibano recuerda con cierta envidia cómo en el caso del pazo gallego de Franco fue un comité técnico jurídico coordinado por el Ayuntamiento de Sada y la Diputación de Coruña quien consiguió impulsar la vía judicial que acabó sentenciando que el inmueble era propiedad del Estado.
La estrategia de la Plataforma es seguir recopilando documentos “paso a paso” para seguir avanzando en la investigación y poder llevar el asunto a los tribunales. “Somos pocos pero seguimos avanzando, con dificultades, pero lo hacemos”, ha reconocido Cañibano, quien no contempla otro fin que la finca acabe siendo “patrimonio público” y a partir de ahí convertir el espacio en un Museo de la Memoria.
Tampoco contempla la posibilidad de que los tribunales dictaminen que la propiedad es de los herederos porque “la documentación es sólida”, pero reconoce que la resolución del asunto está “aún lejana”, ya que la familia del general se aferra a que la propiedad de la finca “está muy clara con todas sus escrituras”, según explicó a ABC recientemente uno de sus nietos.
El cortijo de Queipo de Gambogaz presenta en la actualidad una imagen de abandono, con paredes sobre las que parece que hace tiempo que no se trabaja. No obstante, un grupo de memoralistas están empeñados desde 2018 en lavarle la cara y convertirlo en “patrimonio público”. ¿Será el siguiente logro después de la exhumación de Queipo de Llano?”. EFE
