Sevilla, (EFE).- La Consejería de Salud y Consumo está elaborando una orden que, de aprobarse en los términos previstos, permitirá por primera vez la “privatización” al concertar con clínicas externas la atención primaria y que las empresas privadas utilicen los hospitales del SAS para realizar pruebas y operaciones concertadas con la Junta, según ha denunciado Por Andalucía.
La confluencia de izquierdas ha hecho público un anexo de tarifas de la Consejería de Salud que recoge que el Gobierno de Moreno pretende pagar la primera consulta médica de atención primaria a 150 euros, y las sucesivas a 90 euros.
Estos precios serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en las instalaciones de las clínicas privadas, pero la orden también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública.
Se trata de una decisión “inédita” en la historia de la sanidad andaluza, según Por Andalucía, que sostiene que las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado.
Un “completo escándalo”
El texto de la orden habilita a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, lo que – en opinión- de Por Andalucía, pondrá a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado de “completo escándalo” las intenciones del Gobierno de Moreno, al esgrimir que aprobar esta norma supondría un “golpe durísimo” al SAS, a sus profesionales y a toda la ciudadanía.
“Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de Atención Primaria. Mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo”, ha censurado.
Nieto cree que esta decisión pone en “evidencia la verdadera” hoja de ruta del PP andaluz, que consiste en “seguir los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid”, ha advertido.
Nuevos hospitales sin plantilla
El proyecto de orden, por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos que suscriba el SAS, comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta, ha recordado Por Andalucía.
Nieto también vincula la aprobación de la orden al futuro de los nuevos hospitales y centros sanitarios andaluces y ha puesto de manifiesto que el PP “ha corrido mucho” invirtiendo fondos europeos en mejorar o construir nuevos hospitales, pero “no ha puesto” sobre la mesa la imprescindible plantilla sanitaria que necesitan para atender a pacientes.
Ahora – ha proseguido la portavoz- queda clara la estrategia de convertir los centros sanitarios en una especie de edificios de “coworking” en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por “encargo” las empresas privadas “beneficiadas por los conciertos”.
Sin embargo, la consejera de Salud, Catalina García, ha asegurado este lunes que el Gobierno autonómico “no va a privatizar la sanidad andaluza” y ha advertido de que “en campaña no todo vale” y lanzar mensajes que puedan llevar a “error” a la población es “peligroso”.
García ha hecho estas afirmaciones a los periodistas en Antequera (Málga) después de que Por Andalucía haya denunciado que Salud está elaborando una orden que permitirá por primera vez concertar con clínicas privadas la atención primaria y que las empresas privadas utilicen los hospitales del SAS para realizar pruebas y operaciones concertadas con la Junta.
Modificación de tarifas de 1998
Ha explicado que “lo que está haciendo la Junta es modificar una orden de tarifas del año 98, una orden que ya existía”, que permite establecer un “precio máximo” en aquellos casos en los que el SAS tenga un concierto y tenga que sacar “fuera del servicio” una prueba diagnóstica.
Así, se ha incluido “todo lo que no había”, como radioterapia o salud mental, lo que “no quita que después se tengan que hacer las contrataciones”, ha precisado García.
La titular de Salud, que ha visitado en Antequera las instalaciones del servicio de Urgencias de Atención Primaria de Campillo Bajo, ha insistido en que el Gobierno “no va a privatizar absolutamente nada”, sino que “lo que está sucediendo es lo contrario”.
Ha citado como ejemplo que la comunidad no tenía PET-TAC en Almería, Jaén y Huelva, los cuales se externalizaban, y ahora los va a hacer el SAS, que también se va a encargar de las resonancias magnéticas en Linares (Jaén) con un nuevo equipo.
La consejera ha reclamado “sensatez” y ha incidido en que el Ejecutivo andaluz ha apostado “decididamente” por la sanidad pública, a la que ha destinado “el mayor presupuesto de la historia: 4.000 millones más y 30.000 profesionales más que en 2018”, y mediante la puesta en marcha de 34 nuevas instalaciones desde 2019.
Previsión ante contingencias
Además, ha exigido al Gobierno central una convocatoria extraordinaria de plazas MIR porque existe un “déficit” de profesionales no solo en Andalucía, sino en “todo el sistema nacional de salud”.
“Llevamos cuatro años perdidos porque el Ministerio no ha querido dar su brazo a torcer”, ha lamentado García, que ha detallado que en Andalucía se jubilaron 687 profesionales en 2022, este año lo harán 797 y hasta 2030, unos 6.800.
La Consejería de Salud ha señalado en un comunicado que lo que se pretende con este nuevo proyecto es “prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos” para que, llegado el caso, estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna, “como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia”.
Ha añadido que contar con esta norma es “obligación de toda administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia”, como pandemias o situaciones de catástrofe.
Preguntada por la derivación de pacientes a la sanidad privada para intervenciones quirúrgicas, la consejera ha recordado que los decretos de garantía que permiten acudir a la privada en caso de incumplimiento de plazos “los estableció el PSOE”, y ha agregado que “esa opción existía y existe”.
En cuanto a la utilización de instalaciones del SAS por parte de profesionales de la privada, ha dicho que “ya se está haciendo en otras comunidades gobernadas por el PSOE”, como Extremadura o Valencia, lo que permite, por ejemplo, que un anestesista pueda trabajar en un quirófano público cuando hay déficit de esos profesionales. EFE
