Sevilla, 14 mar (EFE).- El Gobierno de Andalucía ha defendido este martes la legalidad de toda la contratación sanitaria de emergencia realizada desde el inicio de la pandemia y ha anunciado que trabajan en un nuevo sistema centralizado de contratación desde junio -cuando finaliza la última prórroga- para ganar en transparencia.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el SAS, ya que cuentan con los informes jurídicos y de la intervención favorables, así como la “fiscalización oportuna” de la Cámara de Cuentas.
Ha argumentado que el objetivo siempre ha sido “salvar vidas” y que todavía el SAS paga “las consecuencias” de la covid-19.
Además, ha garantizado que no se ha producido “discrecionalidad” alguna en las contrataciones de emergencia, cuyo decreto ha tenido prórrogas hasta junio de 2023 a pesar de la disminución de la covid-19.
El SAS está “centrado en normalizar esa situación” y por eso trabaja, en el “horizonte de junio”, para tener u nuevo sistema de contratación centralizada que permita “optimizar los recursos de todos”, ha explicado el portavoz.
Contrataciones conforme a la ley
Ese sistema centralizará todas las contratación sanitaria de Andalucía de bienes y servicios, que hasta ahora se estaban haciendo a través de los hospitales y centros de cada provincia, para así tener “una economía de escala” y apurar “hasta el último céntimo”.
El objetivo de la Junta es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia por la covid-19, aunque el portavoz ha manifestado que la máxima que siempre persigue el SAS es “la de salvar vidas”.
El Ejecutivo andaluz ha recalcado en varias ocasiones que no actúa con discrecionalidad en las contrataciones de emergencia, ya que “todas” están hechas “de acuerdo a la ley” de contratos, con el “aval” del gabinete jurídico, “fiscalizadas” por la intervención de la Junta y, las requeridas ya, por la Cámara de Cuentas.
“Este gobierno no hace adjudicaciones a dedo, no tiene nada que ocultar”, ha señalado Fernández-Pacheco, quien ha aludido a las contrataciones necesarias en el marco de la pandemia y de sus “consecuencias” posteriores.
Ha insistido en que “todo se hace absolutamente legal” y ha resaltado, por ejemplo, que en 2021 las contrataciones de emergencia representan el 20 % de las intervenciones quirúrgicas, y en 2022 bajaron al 13,7 %.
El portavoz ha señalado que se trata de “emergencias justificadas a nivel técnico”, no político, ya que los consejeros no están “para decir lo que es legal o no” y “para eso existe el gabinete jurídico y la intervención”. EFE+
