Roberto Ruiz Oliva I Granada, (EFE).- Personas mayores lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) se enfrentan al reto que supone afrontar su vejez haciendo frente a mayores tasas de soledad y aislamiento, y con menores apoyos de sus redes familiares que el resto de la población en general.
La mayor parte de este colectivo, que históricamente ha sufrido una discriminación de sus derechos, siente o ha sentido el rechazo o el cuestionamiento por parte de sus familias, los propios servicios públicos o buena parte de la sociedad.
Esta situación de múltiple discriminación, a menudo silenciada o invisibilizada y que condiciona la vida y el bienestar, se aborda desde una perspectiva académica y humana en la jornada “Las personas mayores LGTB. Avanzando hacia un futuro sin barreras” celebrada recientemente en la Universidad de Granada.
José María Mesquida, profesor del Departamento de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona y participante en esta actividad, ha trasladado a EFE que el hecho de no tener pareja, vivir en soledad y no tener hijos son situaciones que se identifican como “predictoras” de una soledad no deseada.
Aunque existe gran diversidad en cuanto a situaciones y trayectorias vitales de personas LGTBI, sí parece que esta realidad se da “con mayor frecuencia” en el colectivo, de modo que se puede considerar que es efectivamente mayor su riesgo de sentir soledad.
Generaciones del silencio y del cambio
Este experto ha explicado que las personas mayores LGTBI pueden encuadrarse en dos generaciones. Por un lado, aquellas que forman parte de la denominada como “del silencio”, porque vivieron épocas de clandestinidad y persecución; y otras también mayores pero más jóvenes, que pertenecen a la denominada generación “del cambio”, la que transformó la realidad social en España.
Las primeras han padecido experiencias “muy duras” por crecer en entornos donde se ejercía una gran violencia “real y simbólica” contra quienes vivían orientaciones e identidades sexuales no habituales.
“Estas experiencias, como cualquier otra de desigualdad, marcan a las personas y en ocasiones el tiempo hace que emerjan malestares emocionales (…) Estas mismas personas son quienes pueden haber vivido discriminaciones en los ámbitos educativos, laborales o sociales y estas discriminaciones pueden haber reducido sus posibilidades de desarrollo”, ha explicado Mesquida.
Como ejemplos, relata que una persona trans que no pudo tener un buen trabajo, actualmente tendrá un nivel de rentas muy bajo; mientras que una mujer lesbiana que -por no casarse- asumió el cuidado de sus sobrinas y de sus padres, también vio reducida las posibilidades de encontrar un empleo que le llevara a una cotización aceptable.
Por otra parte, entre las personas mayores más jóvenes, hay menos experiencias de violencia y más tradición de lucha, aunque la realidad puede variar según la zona. No es lo mismo haber nacido en una ciudad que en un pequeño pueblo, o haber crecido en una familia sensible a la diferencia que haberlo hecho en otra que rechaza la diversidad sexual o de género.
Doble estigma: como personas LGTBI y como mayores
Según Mesquida, las personas mayores LGTBI pertenecen como mínimo a dos grupos estigmatizados: como colectivo han sido expuestas a violencias lgtbifóbicas y, como mayores, pueden ser “invisibles, más pobres, posiblemente menos autónomas y menos valiosas a nivel social”.
Todo ello se traduce en un mayor estrés psicosocial, más posibilidades de padecer soledad no deseada y más miedo a circular por espacios que se perciben como “poco seguros”.
Al respecto, el coordinador para la Diversidad LGTBI de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Pedro López, ha recordado a EFE que uno de los últimos informes sobre esta materia de la Federación Estatal LGTBI, concluye que la mayor parte de estas personas sienten o han sentido la discriminación y el rechazo por parte de sus familias, los propios servicios públicos, o la sociedad en general.
Ante esta realidad, según López, las universidades -como el caso de la de Granada- deben promover una formación y una docencia en diversidad sexual, de género y familiar, como instituciones de educación superior y en su labor de transferencia de conocimiento a la sociedad.
Garantizar espacios seguros
“Aún queda camino por recorrer, muchas de las iniciativas que han surgido en los últimos años parten de entidades sociales del tercer sector, espacios residenciales o comunitarios. Sigue habiendo reivindicaciones que se deben cubrir para garantizar espacios seguros e inclusivos en entornos residenciales para personas mayores o en los propios servicios de ayuda a domicilio”, ha indicado por su parte a EFE Gloria Álvarez, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UGR.
Esta docente ve necesario que haya una formación especializada para profesionales que trabajan en estos sectores, e “imprescindible” que existan leyes que reconozcan y garanticen una respuesta a las necesidades y demandas específicas de este colectivo, de ahí que la implicación de las administraciones públicas se considere “crucial”.
En las jornadas celebradas en Granada se han conocido experiencias que ofrecen unos servicios especializados para el colectivo de mayores LGBTI: el proyecto de la Fundación 26D (Federico Armenteros, Madrid) para la creación de una residencia con respaldo de la administración y una red de viviendas tuteladas en Madrid y Galicia; y el proyecto Cantapaxarina (Margarita Llorente, Asturias) que persigue convertirse en una red de comunidades autogestionadas de viviendas colaborativas para mujeres lesbianas.
A pesar de los avances legislativos de las últimas décadas que han favorecido una mejora en las condiciones de vida, caso del acceso al matrimonio igualitario, sigue habiendo necesidades que cubrir, como una mayor atención especializada, visibilización en el discurso social y político o compensación de las discriminaciones sufridas, cuestiones que deben garantizarse a nivel legislativo, ha concluido. EFE
