Málaga (EFE).- El exmarido de Lucía Garrido ha sido condenado a 24 años de prisión como autor, en concepto de cooperador, de un delito de asesinato sobre su mujer. El autor material del hecho ha sido condenado a 22 años. Lucía Garrido fue hallada flotando, con golpes y un corte en la yugular, en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008.
Quince años después del crimen, el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial malagueña ha emitido la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE. La resolución establece, además, que ambos deben indemnizar conjunta y solidariamente a cinco familiares de la víctima. Ello en concepto de responsabilidad civil derivada del delito.
A la hija, 300.000 euros; a la madre, 100.000, y 50.000 a cada uno de otros tres familiares (el hermano y dos sobrinos hijos de una hermana que asumió el mayor peso en la protección y cuidado de la hija), según la resolución. Ante ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia considera respecto al exmarido la agravante de parentesco y en ambos casos la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que los costes procesales deben pagar cada uno la mitad.
La sentencia establece como hechos probados, conforme al veredicto del jurado, que el exmarido era el dueño de la “Finca Los Naranjos”, donde se halló a Garrido. Era un recinto preparado para su negocio de cría de animales de compañía y la custodia de animales salvajes o exóticos.
Actuaciones, al parecer, ilícitas en la finca
“Pero bajo ese tinglado se solapaban actuaciones, al parecer, ilícitas que también eran organizadas o dirigidas por el acusado”, señala la sentencia. Agrega que “aprovechando la presencia de numerosos animales”, se llevaba a cabo “tales como el “tráfico ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que les eran confiadas por organizaciones de delincuentes”.
Aunque la pareja se rompió, el juez otorgó a Lucía el uso del chalé de la finca que era la vivienda familiar. Mientras, él conservó el derecho de acceso a la finca y el uso de otras edificaciones y el resto de instalaciones del negocio familiar que él siguió explotando.
Testigo directo y presencial de las actividades lícitas
Lucía era un “testigo directo y presencial de las actividades lícitas y supuestamente ilícitas” que el exmarido realizaba y “suponía un obstáculo” para que él pudiera llevar a cabo un negocio proyectado con otros socios. “Convertir la finca en una especie de núcleo zoológico o depósito de animales para toda Andalucía, por el que cobraría sustanciosas cantidades de dinero”.
“El acusado no confiaba en Lucía Garrido, de tal modo que para evitar que le denunciara por las actividades supuestamente ilícitas y que fuera un obstáculo para el negocio proyectado en la finca, intentó desalojarla de la vivienda para ocuparla él con su nueva pareja”. Pero Lucía rechazó sus ofertas.
Crecía la enemistad entre ellos, se generó gran tensión y Lucía se convirtió “en una auténtica amenaza” para la continuidad de las actividades del exmarido. “Para neutralizar ese peligro”, él, “o alguien de su entorno delictivo, propuso una solución drástica, consistente en acabar con la vida de Lucía Garrido”.
Plan para matarla
El plan para matarla fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008. Entonces se reunieron en Torremolinos varias personas que proyectaban delitos en Madrid y Málaga. Entre ellos el ahora condenado como autor material del asesinato, que pertenecía a un grupo de delincuentes. Este “recibió, a través de individuos desconocidos, una oferta económica para matar a Lucia Garrido”, propuesta que aceptó.
El exmarido “propició o consintió la contratación” de aquel “como sicario, sabiendo que atentaría contra la vida de Lucía”. También mantuvo contactos con él “que se tradujeron en la prestación de ayudas decisivas para la planificación, preparación y ejecución del crimen”.
Informó al sicario de las costumbres, movimientos y rutinas de Lucía y de su hija. Le facilitó una copia de la llave de la puerta peatonal de la finca. Asimismo se comprometió a neutralizar cualquier obstáculo que pudiera impedir o dificultar la entrada o huida.
El exmarido fue informado de que el crimen iba a cometerse entre el 28 y el 30 de abril de 2008. Lo haría uno o varios individuos que sorprenderían a Lucía dentro de la finca cuando estuviera sola, desprevenida e indefensa. Dio su aprobación al plan y, como había convenido, retiró los dos perros mastines. Estos estaban habitualmente sueltos dentro de la propiedad para evitar intrusiones y los mantuvo apartados o encerrados.
Golpeada con un ladrillo
Sabía que iba a ser investigado como posible asesino de Lucía. Pese a ello, confiaba en que saldría airoso gracias a la amistad y relaciones de intereses que mantenía “con varios agentes corruptos de la Guardia Civil y a la coartada que iba a fabricarse”.
El 30 de abril de 2008 después del mediodía, Lucia llegó en su coche a la finca. Mientras, el autor material, solo o en compañía de individuos no identificados, la esperaba escondido. Se le acercó sigilosamente cuando ella le daba la espalda. Entonces, le golpeó “en la cabeza con un ladrillo macizo hasta que cayó al suelo, dejándola sin sentido o muy aturdida”.
“La arrastró hasta el borde de la piscina, lugar donde inmediatamente antes de arrojarla al agua le clavó un cuchillo por el lado izquierdo del cuello”, dice la sentencia. Fue cuando el autor material causó “heridas de carácter letal que seccionaron la vena yugular externa”. La mujer falleció instantes después “por causa de ahogamiento y asfixia”, según se señala probado.
Órdenes de llevarse el móvil
El cadáver quedó flotando en la piscina con el bolso aún colgado. El autor lo recuperó antes de marcharse para vaciarlo junto a la tinaja situada en la puerta. Cogió el teléfono móvil de la víctima. Tenía órdenes de llevárselo y hacerlo desaparecer para eliminar posibles imágenes o informaciones comprometedoras.
Sin embargo, no cayó en la cuenta de que había olvidado o perdido en la escena del crimen la llave con la inscripción JMA con la que abrió la puerta. La Policía encontró la llave y la recogió. Se extrajeron de ella los restos biológicos que, al cabo de varios años, sirvieron para identificarle como autor material del crimen.
Este ha sido el segundo juicio por el asesinato. En el primero, en 2019, el jurado declaró no culpables a los acusados y procedió a la absolución de cuatro personas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad del veredicto y de la sentencia respecto a dos de ellos. Fueron el exmarido de Garrido y el presunto sicario como supuesto autor material del crimen, y mantuvo la absolución respecto a los otros acusados, dos guardias civiles.
