Sevilla (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha precintado, con carácter preventivo, tres pozos de los quince denunciados por presunta captación ilegal de aguas. Estaban destinado al riego de cítricos en la Vega de Sevilla (Sevilla). Uno lo ha sido en el término municipal de Lora del Río y dos en el municipio de Alcolea del Río.
El cierre de la primera captación respondía al riego sin concesión de cuatro hectáreas de naranjos. Las otras dos restantes, pese a que en el momento de la inspección no estaban derivando agua, fueron precintadas. Esto fue de acuerdo con el principio de prevención, por estar equipadas. Así lo ha informado la CGH en un comunicado, que explica que la orden de precinto cautelar estriba en el presunto riego irregular de 40 hectáreas de cítricos.
Sobre una cuarta captación sobre los pozos denunciados en Alcolea del Río no se puedo actuar por oposición del usuario y, por ello, el Organismo ha solicitado la autorización judicial de entrada.
Los trabajo responden a un plan de inspección específico que la Confederación está ejecutando contra el uso irregular de aguas subterráneas para el riego de cítricos. La acción comenzó el pasado verano y ha continuado este año sobre una extensión de 1.088 hectáreas.
143 hectáreas sin derechos de riego
Hasta el momento se han detectado 143 hectáreas sin derechos, 15 captaciones irregulares y 2 balsas ilegales.
Para la ejecución de estas medidas, el Organismo de cuenca cuenta con la colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil. El instituto armado ha puesto a disposición de la CHG los efectivos y medios necesarios para efectuar los trabajos.
El sellado de sondeos de la Vega de Sevilla se suma al centenar de medidas cautelares que la Confederación está ejecutando en el marco de los planes de inspección y vigilancia. Esta operación ha sido desarrollada a lo largo de esta campaña de riego. Ha dado como resultado la detección de 1.904 hectáreas de riego ilegal.
Estas inspecciones generaron 153 expedientes sancionadores y la ejecución subsidiaria de cierre para 100 pozos y 17 balsas.
Estas actuaciones específicas se suman a las propias que realiza la Comisaría de Aguas del Organismo. Se trata de la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico. Están destinadas a garantizar los recursos hídricos y los intereses generales.
El conjunto total de operaciones ha dado lugar en lo que va de año a 1.500 informes de valoración de daños por un importe de 4 millones de euros.
