Rosa Díaz | Madrid (EFE).- A apenas catorce kilómetros por mar de Marruecos, principal productor y exportador de hachís, y con un 30 % de desempleo, el Campo de Gibraltar, en el sur de España, es terreno abonado para el narcotráfico, un problema que lleva muchos años azotando la zona y que el pasado viernes recobró actualidad.
Ese día, 9 de febrero, dos guardias civiles españoles murieron y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Tras embestir una narcolancha contra su patrullera en el puerto de Barbate (sur de España).
Este asesinato puso de manifiesto las serias dificultades que tienen las fuerzas de seguridad para atajar el problema. A pesar de las medidas que tomó el Gobierno español en 2018, cuando otro suceso colocó el tema en primera línea informativa.
En aquella ocasión hizo saltar la alarma el asalto de un hospital por parte de una veintena de encapuchados. Que consiguieron liberar al jefe de un grupo de narcotraficantes que estaba allí ingresado.
La respuesta del Gobierno español fue implementar un Plan de Seguridad. Que supuso una inversión de 82,1 millones de euros entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
1.700 toneladas de droga incautada
Entre esas fechas, según los datos del Ministerio del Interior, se llevaron a cabo 22.207 operaciones policiales contra los grupos criminales. De las que 17.580 están judicializadas y 2.760 lo son por blanqueo de capitales.
Hubo 19.907 detenidos o investigados por narcotráfico o contrabando. Además, se intervinieron 7.190 medios de transporte (5.760 de carácter terrestre; 1.421 marítimos y 11 aeronaves), y 1.956 armas de fuego. También 6.650 equipos electrónicos o de comunicaciones y 97,2 millones de euros en metálico.
Asimismo se incautaron casi 1.700 toneladas de droga, de las que 1.452 fueron de hachís, 106,7 de cocaína y 109,7 de marihuana u otras drogas. También, 820.000 litros de combustible y 9,58 millones de cajetillas de tabaco.
Narcotraficantes cada vez más violentos
A pesar de estas cifras, que demuestran un incremento de la actuación policial, la sociedad española está conmocionada por el nivel de violencia e impunidad que saca a la luz el reciente asesinato de dos guardia civiles.
Según fuentes policiales, el pasado 9 de febrero unas seis narcolanchas se refugiaron en el puerto de Barbate por el temporal a plena luz del día.
Ya de noche, una patrullera de la Guardia Civil, con luces indicativas y seis agentes a bordo, se acercó para identificarles. Momento en el que una de las embarcaciones la embistió, pasándole por encima.
De acuerdo con los vídeos publicados en las redes sociales, numerosas personas presenciaron desde el puerto y grabaron con sus móviles los hechos. En las grabaciones se oye cómo algunos testigos jalean a las narcolanchas que se enfrentan a las patrulleras de la Guardia Civil.
El juez que instruye el caso decretó el ingreso en prisión de los seis detenidos que iban en la embarcación. A los que acusa de asesinar a los agentes. Y puso en libertad provisional a los otros dos arrestados, que están siendo investigados por presuntos delitos de encubrimiento y resistencia a agente de la autoridad. Ya que fueron en coche al lugar de los hechos a buscar a algunos de los tripulantes de la narcolancha.
“El narcotráfico se ha convertido en la actividad protegida, defendida y jaleada por una sociedad que se rompe y que perdió el miedo a los servidores públicos”, lamentó en un comunicado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
“Gran empresa de distribución de hachís”
En la misma línea, agentes de Vigilancia Aduanera denuncian que la costa del sur de España “se ha convertido en una gran empresa logística y de distribución de hachís”.
Añaden que “las narcolanchas son cada vez son más numerosas, más grandes y más potentes. Y cada vez es más normal en las patrullas rutinarias encontrar grupos de tres, cuatro o más juntas. Unas con hachís, otras con petacas de gasolina y otras de apoyo vacías”.
Señalan que las embarcaciones que utiliza la policía son, “en el mejor de los casos, de menor eslora y menor porte que la mayoría de las narcolanchas”, por lo que están “en inferioridad”.
El suceso provocó también fuertes críticas del principal partido de la oposición en España (PP), que pidió recientemente la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Además, varias asociaciones de guardias civiles reclamaron el pasado sábado la dimisión Grande-Marlaska, por no haber incrementado la seguridad de los agentes pese a estar avisado de que iba a “ocurrir una desgracia”.
Por su parte, el Gobierno respalda la actuación del ministro del Interior y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, subrayó que desde 2018 se ha incrementado el número de efectivos que luchan contra el narcotráfico y su dotación, y añadió que la muerte de los dos guardia civiles “no va a quedar impune”.
