Roberto Ruiz Oliva I
Sevilla, (EFE).- La crisis por los fallos en el programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía ha puesto el foco en los últimos díez días en los retrasos en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, desde que las afectadas comenzaron a denunciar sus casos en los medios de comunicación hasta la dimisión de la consejera de Salud.
Hablan las afectadas
El 28 de septiembre la Cadena SER empieza a recoger testimonios de un grupo de mujeres que relatan que formar parte del referido cribado no les ha garantizado la detección precoz de sus tumores, y que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha tardado meses e incluso años en comunicarles que debían repetirse una mamografía o una ecografía complementaria para confirmar su cáncer.
También hay mujeres que ni siquiera recibieron comunicación o se enteraron muy tarde de que necesitaban dichas pruebas adicionales en sus hospitales de referencia, una preocupante demora que ya habían detectado mucho antes desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), colectivo que ha canalizado a las afectadas.
Una de estas mujeres es Anabel Cano, a la que llamaron para la mamografía y a la que dijeron que, si en 10 o 15 días no recibía ninguna comunicación (llamada o carta), significaba que «todo estaba bien»: «Al año me llamaron pensando yo que era una prueba rutinaria, miraron la mamografía y ya se vio que era un cáncer», relata esta afectada a la que finalmente tendrán que quitarle el pecho.
Primeras reacciones de la Consejería de Salud y Moreno
Después de que trascendieran estos testimonios y de que la asociación El Defensor del Paciente pidiera a la Fiscalía investigar al SAS por supuesta dejación de funciones, la consejera de Salud, Rocío Hernández, defiende el 30 de octubre la eficacia del programa de detección precoz, pide disculpas y advierte de que, hasta entonces, se le han comunicado únicamente cuatro casos.
Al día siguiente la titular de Salud reitera sus disculpas, lamenta la «incertidumbre y la angustia» causadas a las afectadas y anuncia que el SAS iniciaría un «circuito preferente» para atender a aquellas con lesiones «dudosas» por pruebas no concluyentes.
Los partidos de la izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante, piden ese mismo día el cese de Hernández y, ante lo que consideran «un escándalo», urgen la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien por su parte pide disculpas a las afectadas y a la asociación Amama que se reúna con la consejera para aportar más información.
Reunión de Salud con Amama
El 2 de octubre Hernández, junto a otros directivos de Salud, reciben en la sede del SAS a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, junto a varias afectadas, que al término se quejan del trato a su juicio frío por parte de Hernández. El abogado de este colectivo pide que se depuren responsabilidades y dice que barajan una posible demanda judicial colectiva.
Tras esta reunión, Salud admite un «fallo de información» y anuncia que el SAS comenzaría a llamar «una por una» a unas 2.000 mujeres andaluzas con pruebas «no concluyentes» (lesiones posiblemente benignas), además de que modificaría el protocolo para que fuera obligatorio comunicarse con todas las participantes en el cribado con diagnóstico dudoso, aparte de las que lo tenían positivo o negativo.
Hernández descarta dimitir
Al día siguiente, la titular de Salud, en una aparición ante los medios en Granada, descarta su dimisión y argumenta que eso sería «lo fácil», mientras que la izquierda exige una comisión de investigación parlamentaria y el Defensor del Pueblo Andaluz anuncia que iniciaría otra investigación de oficio.
Desde Galicia, Moreno anuncia un plan de choque y explica que hasta ahora no se comunicaban a las mujeres sus resultados dudosos para no generarles ansiedad, unas declaraciones que son contestadas tanto por las afectadas como por políticos como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
La también líder los socialistas andaluces califica de ofensivas estas palabras de Moreno y atribuye la crisis a un colapso sanitario por las que considera políticas privatizadoras del PP.
La Fiscalía estudia las denuncias
Ya esta misma semana, el presidente andaluz reconoce este pasado lunes que tuvo información de los problemas detectados muy tarde, pero insiste en que se trabaja «a contrarreloj» para solventarlos.
La Fiscalía de Andalucía confirma mientras tanto el registro y el inicio del estudio para la correspondiente apertura de diligencias de la denuncia presentada por El Defensor del Paciente, a la que se suman las de IU y Adelante Andalucía, que señalan tanto a la todavía consejera de Salud como a sus dos antecesores en el cargo.
El Ministerio de Sanidad también mueve ficha y su titular, Mónica García, pide a la Junta los informes e indicadores del programa de cribado para evaluar la magnitud del problema, mientras que Amama reúne a un centenar de afectadas para ultimar acciones judiciales.
Plan de choque, concentraciones y dimisión
Ya este miércoles el PP atribuye el origen del fallo en un cambio del protocolo cuando Montero era consejera de Salud, mientras que el Gobierno andaluz -que focaliza el problema en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla- presenta su plan de choque, con un presupuesto de 12 millones de euros y la contratación de casi 120 profesionales para tener realizadas las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre.
Esa misma tarde varios miles de personas se concentran ante la sede del SAS en Sevilla y en otras capitales andaluzas para denunciar que sus vidas «no pueden esperar» y minutos después el presidente andaluz en una comparecencia convocada de urgencia comunica la dimisión de la consejera de Salud, pide nuevamente disculpas y anuncia una «renovación profunda» en el sistema sanitario.
