Sevilla (EFE).- La apuesta política que hace Andalucía respecto al problema de la vivienda, uno de los que más preocupa a los ciudadanos, pasa por un modelo de poner más vivienda en el mercado -más de 40.000- como único camino para bajar los precios, aprovechando terrenos y alejándose de propuestas que consideran intervencionistas.
Este es el espíritu que rezuma del proyecto de ley andaluza de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, y que tiene su avanzadilla en el Decreto Ley 1/2025 que recogía medidas urgentes para incentivar la construcción de vivienda asequible en Andalucía y que fue aprobado en el mes de marzo por el Consejo de Gobierno.
La apuesta política del Gobierno de Juanma Moreno se ha traducido en que la Junta ya ha detectado terrenos para construir más de 40.000 unidades en 58 municipios, cuyos ayuntamientos han ofrecido 659 bolsas de suelos y representan 1,4 millones de metros cuadrados, según los últimos datos de la administración autonómica.
El decreto, una medida urgente mientras se tramita la nueva ley, permite a los Ayuntamientos andaluces destinar suelos hoy calificados para usos turísticos, terciarios, de oficinas o equipamientos públicos para la construcción de viviendas protegidas; o incrementar en las parcelas ya destinadas a VPO la posibilidad de construir más viviendas, hasta un 20 % de densidad y un 10 % de edificabilidad, sin necesidad de grandes modificaciones urbanísticas.
Emergencia habitacional
La presentación del proyecto de ley coincide con una situación de emergencia habitacional, que no afecta solo a la comunidad andaluza, pero que en muchos municipios andaluces se ha traducido en una subida del precio de la vivienda en un 20 %, y de las habitaciones hasta un 40 %, según numerosos portales inmobiliarios.
Según el INE, en el primer trimestre de 2025, Andalucía registró 1.125 desahucios, encabezando el número de estas ejecuciones en el Estado y según el último Centra -el CIS andaluz- la vivienda es la primera preocupación para los andaluces, superando por primera vez al problema del desempleo.
“No se construyen las suficientes viviendas desde hace muchos años, así que encarece la que ya hay y la hace prácticamente inaccesible”, señalan desde el Gobierno andaluz, conscientes de que los precios, tanto de compra como de alquiler, suben principalmente por la falta de oferta, la presión del turismo y el limitado parque de vivienda pública.
La futura norma, que estará aprobada definitivamente antes de que finalice la legislatura el próximo 2026, tiene como objetivo principal «poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo», según explicó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la defensa de la misma en el Parlamento autonómico.
Áreas prioritarias
Se prevén aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y donde se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
El Gobierno andaluz apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades -concesiones y subvenciones- para el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible, y para «optimizar» su gestión se crea u inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o promotores privados.
La norma recoge la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal y establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.
Incorporará varias de las medidas urgentes del decreto ley en vigor, salvo las de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas, y va a contribuir a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente derogando cuatro leyes.
El papel de los ayuntamientos
El decreto de medidas urgentes y la futura norma otorga a los ayuntamientos «un papel clave» porque y les dota de «herramientas para construir vivienda asequible», declaró la consejera durante la presentación del plan de choque.
El decreto de medidas urgentes permite a los ayuntamientos convertir en urbanizables enclaves destinados a acoger oficinas, teatros, comercios, hoteles o equipamientos públicos sin necesidad de una recalificación urbanística
El pasado 30 de septiembre, el Gobierno andaluz presentó la Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible, una iniciativa para el impulso a la construcción de VPO que mediante un visualizador permite a los promotores interesados conocer las parcelas que han puesto a disposición un total de 58 municipios.
Concretamente, los municipios han puesto sobre la mesa parcelas para construir 40.937 viviendas, de las que 8.115 se levantarán en espacios inicialmente reservados para suelo dotacional (6.796) y terciario (1.319).
Viviendas en alquiler
Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba, 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8.511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.
La última convocatoria de subvenciones a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible recoge que la Junta de Andalucía destina 37,6 millones de euros para el Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, a la que se han adscrito solicitudes para 1.496 nuevas viviendas protegidas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.
Las ayudas de esta convocatoria tendrán un efecto multiplicador, ya que movilizarán inversiones en el sector de la construcción por valor de 194 millones de euros, y desde que la Junta de Andalucía puso en marcha las convocatorias de ayudas a promotores públicos y privados en 2019, se han concedido ayudas por más de 300 millones de euros para más de 7.000 viviendas protegidas en alquiler a precio asequible.
Las diferencias con el Gobierno central
Las diferencias en materia de vivienda entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central comenzaron cuando la administración andaluza recurrió la ley estatal de vivienda de 2023 ante el Tribunal Constitucional, que avaló la mayor parte del articulado pero no la regulación de la vivienda protegida, que invadía competencias autonómicas.
Estas diferencias perduran a raíz del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al que la Junta de Andalucía ha presentado 22 alegaciones, y sobre lo que ha pedido que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “escuche a las comunidades autónomas y dote de las herramientas necesarias para afrontar los retos actuales en materia de vivienda”, según ha informado la consejera andaluza.
La Junta cree que las alegaciones presentadas evitarían “líneas intervencionistas” que invadan competencias autonómicas y un modelo de cofinanciación más flexible y equitativo, por lo que si no se respetan tales competencias el texto podría incurrir en una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Respecto al nuevo sistema de cofinanciación, la Junta señala que no sólo aumenta en porcentaje, sino que lo hace con criterios más rígidos que el de anteriores planes, de forma que el Gobierno andaluz está dispuesto a aportar más fondos propios para hacer frente al reto de la vivienda, pero no sin consenso previo.
Solicita revertir el 40 % de cofinanciación obligatoria y volver a un modelo flexible y complementario, acorde a la capacidad financiera de cada comunidad autónoma.
La apuesta por la vivienda en los presupuestos de 2026
En los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, en trámite parlamentario, la Junta destinará a política de vivienda 1.223 millones. Y, además, apuesta por los incentivos fiscales con los que los andaluces se ahorrarán al año mas de 460 millones del euros.
En general, las nuevas deducciones en el IRPF para 2026 suponen un ahorro para las familias de 1.000 millones al año. Y destacan las de alquiler de vivienda habitual. Estas se amplía de 900 a 1.200 euros para los jóvenes de hasta 35 años y los mayores de 65 años. Y de 1.000 a 1.500 para personas con discapacidad. También se ha subido el umbral de la renta para que se beneficien más personas.
Este medida tiene un coste de 33 millones al año. Con la ampliación de los supuestos se pasará de unos 135.000 beneficiarios a más de 420.000. EFE
