Sevilla, (EFE).- El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga los contratos sanitarios de emergencia del Servicio de Andalucía de Salud, ha citado a declarar martes 25 en calidad de investigados a la actual gerente de SAS, Valle García, y a sus dos predecesores en este mismo puesto.
Este juzgado es el encargado de la denuncia del PSOE por el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid-19 que lo justificaba.
De acuerdo a la resolución judicial, a la que tuvo acceso EFE, el primero en declarar será Miguel Ángel Guzmán, que ha sido citado a las 10:00 horas, seguido de Diego Vargas, cuya comparecencia está prevista para 45 minutos más tarde, mientras que Valle García lo hará a partir de las 11:30 horas de este próximo 25 de noviembre.
La declaración de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud y de sus dos predecesores en el cargo se producirá justo siete días después de la que ya han prestado cinco testigos esta misma semana.
Cambio en el sistema de control
Concretamente han testificado la que fuera interventora central del SAS en 2022 y 2023, la que ejerció este mismo puesto en 2024 y Amelia Martínez, quien también fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además del director general de gestión económica y servicios del SAS y el director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
Según fuentes del caso, las interventoras se ratificaron en los informes sobre los incumplimientos detectados y apuntaron a un cambio en la fiscalización de los contratos de SAS que supuestamente se habría aprobado sin informe previo que lo avalara.
Algunas de los testigos aseguraron que la sustitución, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 6 de octubre de 2020 y en un contexto de urgencia por la covid-19, del sistema de fiscalización previa para determinados gastos, órganos y servicios por el denominado ‘Control Financiero Permanente’ se habría producido sin ningún informe que lo pidiera o avalara.
Dicho cambio en el sistema de control afectaba a contratos de emergencia del SAS y se habría planteado, según las fuentes, al parecer sin propuesta expresa por parte del entonces consejero Juan Bravo y sin memoria de la Intervención.
De acuerdo a las testificales, dicha modificación habría partido de una indicación verbal -sin sustento documental- dada supuestamente por el viceconsejero de Salud al de Hacienda durante un ‘consejillo’, reunión en la que se preparan los asuntos que posteriormente se tratan de acuerdo a un orden del día en el Consejo de Gobierno. EFE
