Málaga, (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización criminal asentada en Málaga, dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos.
Hay diez personas detenidas, entre ellas una notaria, un director de una entidad bancaria, un asesor fiscal y una abogada, que presuntamente aprovechaban sus conocimientos para el blanqueo de capitales, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
De las pesquisas se desprende que estos cuatro profesionales se sirvieron presuntamente de sus conocimientos técnicos en la materia y se beneficiaron de sus puestos de trabajo cualificados.
Ademas, de la investigación también se desprende que supuestamente ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar el patrimonio ilícitamente originado.
A los diez arrestados se les investiga por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales y se estima en 3,5 millones de euros el patrimonio ilícito obtenido por la trama en cuatro años.
La red contaba, además, con un cabecilla que dirigía la actividad de blanqueo y un elenco de testaferros, quienes a su vez figuraban como titulares de bienes y cuentas bancarias.
Foco puesto en la trata de seres humanos
La primera fase de la operación se desarrolló en noviembre de 2024 y se liberó a 42 mujeres explotadas sexualmente en sendos prostíbulos de la localidad malagueña de Cártama y Málaga capital.
Las víctimas tenían que estar «disponibles» las 24 horas del día y eran sometidas a una férrea vigilancia por miembros de la organización. Hubo entonces 19 detenidos y se practicaron registros en sendos establecimientos, que fueron clausurados por orden judicial.
Además, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes y se intervinieron cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo.
Las fuentes han indicado que la trama, perfectamente estructurada, reclutaba a la mayoría de las víctimas en sus países, principalmente en Colombia, y se aprovechaban de unas situaciones personales y económicas muy comprometidas.
En dichos prostíbulos, la organización sometía a las víctimas a ejercer la prostitución «en condiciones especialmente gravosas, abusivas y restrictivas de derechos» y se lucraban de forma reiterada, sistemática y directa de la explotación sexual de las mujeres mediante la obtención de altos réditos económicos.
Adicionalmente, con el fin de maximizar los beneficios, la red se dedicaba también a actividades de distribución y venta de sustancias estupefacientes -cocaína, éxtasis y cannabis-, así como de medicamentos para la disfunción eréctil.
Los prostíbulos trataban de ocultar su actividad real bajo la apariencia de constituir establecimientos de hospedería, pero los agentes comprobaron que carecían de los permisos necesarios al respecto y que expedían facturas falsas, a fin de justificar su actividad ante hipotéticas inspecciones.
Investigación patrimonial
El pasado 13 de noviembre de 2025, se desarrolló la segunda fase de la operación y se detuvo a diez personas más por su presunta responsabilidad en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Con el fin de gestionar los ingentes beneficios derivados de la explotación sexual, el líder de la organización constituyó y dirigió una segunda organización que, mediante el empleo de un entramado societario, explotaba económicamente los delitos perpetrados en los clubes de alterne, y transmitía sus beneficios con objeto de adquirir, poseer y ocultar el elevado patrimonio originado ilícitamente.
Los investigadores observaron varios estratos perfectamente diferenciados entre los integrantes de este segundo entramado creado para el blanqueo de capitales.
En la cúspide de la trama criminal, el cabecilla de la misma ejercía funciones de dirección, mientras que, en otro escalón inferior, figuraban cinco investigados que desarrollaban labores de testaferro.
El resto de los investigados -la notaria, un director de una entidad bancaria, un asesor fiscal y una abogada- presuntamente se sirvieron de sus conocimientos técnicos en la materia y además se beneficiaron de sus puestos de trabajo cualificados. EFE
