Luis Ortega I Córdoba, (EFE).- Tras dos años de la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), el caso enfila las últimas diligencias procesales a la espera del señalamiento del juicio contra los cuatro mandos acusados -que se enfrentan a penas de hasta 9 años de prisión- que podría desarrollarse alrededor del próximo verano.
Según explica a EFE el abogado penalista Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León, la Fiscalía Militar en su escrito de acusación pide entre ocho y cinco años de cárcel para el capitán y el teniente responsables de las maniobras, pero deja fuera al comandante y al teniente coronel procesados en la causa, algo que no le ha sorprendido ya que «a los jefes normalmente se les suele salvar».
Sin embargo, las acusaciones particulares presentarán un escrito propio en el que se pedirá responsabilidad penal para los cuatro mandos encausados en un plazo que se extenderá hasta después de las fiestas de navidad, al entender que todos ellos son responsables de las muertes, ya sean como autores o como cooperadores necesarios, según Romero.
Homicidio imprudente
«Vamos a acusar a los cuatro mandos y vamos a pedir la pena máxima», ha dicho el letrado, quien señala que la acusación se basará en dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, una figura que -según ha explicado- «equivale a un homicidio imprudente del Código Penal, pero con un incremento de la pena».
Además de las penas de prisión, la acusación particular solicitará la expulsión del Ejército de los cuatro mandos y una indemnización total de 500.000 euros para la familia del soldado Carlos León, una responsabilidad civil que se reclamará de forma solidaria a los cuatro acusados y, de manera subsidiaria, al Ministerio de Defensa.
Una vez presentados los escritos de acusación, las defensas dispondrán de un nuevo plazo para formular los suyos y, posteriormente, el Tribunal Militar Central deberá decidir sobre la admisión de las pruebas propuestas, mientras que la Fiscalía ha solicitado la declaración de unos 45 testigos y peritos y las acusaciones particulares prevén proponer una veintena más.
De esta manera, el juicio podría prolongarse durante al menos dos meses debido al elevado número de partes personadas. «Somos muchas partes, Fiscalía, varias acusaciones particulares, cuatro defensas, la Abogacía del Estado y la compañía de seguros», ha explicado Romero quien, ha apostillado que en total podrían intervenir hasta diez interrogadores y declarar entre 70 y 80 personas.
Por ello, considera poco probable que la vista oral se celebre antes del verano, aunque no descarta que pueda fijarse para la primavera en función de la agenda del tribunal, de tal forma que «si no se señala antes de junio, se puede ir a septiembre», ha apuntado el letrado.
Familia destrozada
En cuanto a las familias de las víctimas, Romero ha destacado que atraviesan momentos especialmente difíciles coincidiendo con el segundo aniversario del suceso.
«Están hechos polvo, sobre todo cuando se acerca esta fecha», ha afirmado Romero, quien ha señalado que los allegados a los militares fallecidos han decidido «no hablar con los medios» y mantenerse en un segundo plano.
Además, Romero también ha expresado el malestar de las familias por algunas decisiones adoptadas tras la tragedia ya que «una cosa es lo que se dice de cara a la opinión pública y otra lo que realmente se hace», en referencia a la situación administrativa de algunos de los mandos implicados que han seguido ejerciendo sus funciones y a la actitud del Ministerio de Defensa al respecto.
Las muertes se produjeron en diciembre de 2023 durante unas maniobras consistentes en el cruce de un lago, si bien la investigación en la jurisdicción militar para esclarecer si existieron responsabilidades penales en la planificación y ejecución del ejercicio ha puesto de manifiesto que hubo irregularidades a la hora de establecer las debidas medidas de seguridad. EFE
