Eva Ruiz Verde | Sevilla (EFE).- Desde los contratos de emergencia del SAS investigados en los tribunales hasta las listas de espera pasando, especialmente, por los fallos en los cribados de cáncer de mama, la sanidad se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno de Juanma Moreno, obligado este año a relevar al responsable de esta cartera en uno de los pocos cambios que ha realizado en sus Ejecutivos.
El 8 de octubre Rocío Hernández, que había sido la apuesta de Moreno por un perfil técnico para uno de los departamentos más sensibles del gabinete, dimitía de su puesto 14 meses después de llegar y con miles de personas protestando esa misma tarde ante las puertas de San Telmo, lo que precipitó los movimientos políticos.
Diez días antes había estallado la crisis al conocerse las denuncias de mujeres que se sometieron a una mamografía y que, tras contar con un diagnóstico «no concluyente», llevaban meses esperando a ser citadas para una ecografía. Esto había dado lugar a que algunas de ellas hubieran desarrollado la enfermedad.
Tensión entre el Gobierno y Amama
Después de que la consejera hablara de «tres o cuatro casos» cuando se conocieron los hechos, su sucesor en el cargo -número dos de la Junta y un perfil por tanto político-, Antonio Sanz, ampliaba la cifra hasta 2.317 y garantizaba que el 30 de noviembre todas las afectadas, la mayoría pacientes del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, habrían sido citadas y atendidas.
En esta situación la tensión entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama (Amama) de Sevilla, que había denunciado los hechos, se disparó con acusaciones por parte de Sanz -a las que después se sumó Moreno- de «denuncias falsas, injurias y calumnias», mientras Amama acudía a la Fiscalía, que semanas más tarde archivaba su denuncia por una presunta manipulación y destrucción de pruebas diagnósticas.
El momento más delicado
Mientras la asociación difundía hace solo unos días más de 60 testimonios de mujeres que denuncian que siguen esperando para pasar por quirófano o profundizar en su lesión, el presidente de la Junta cifraba en un 1 % las afectadas que han desarrollado un tumor.
Ha sido el momento más delicado de Moreno en sus ocho años al frente de la Junta, aunque el presidente andaluz -que cree que trataron a su gabinete de manera «injusta»- lo considera superado y opina que los cribados de cáncer de la sanidad andaluza «han salido reforzados» tras la crisis gracias a las medidas adoptadas.
Ha avanzado además su intención de tomar más decisiones y de impulsar una «reforma en profundidad del modelo organizativo» del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un organismo en el ojo del huracán también por otros asuntos, como el presunto fraccionamiento de contratos de emergencia que ha llevado a sus tres últimos responsables a declarar ante la justicia.
El 25 de noviembre la actual gerente, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, acudían como investigados al Juzgado de Sevilla que investiga dichos contratos y justificaban el mantenimiento de este sistema en el contexto derivado de la covid-19, además de considerar que su actuación estuvo avalada por los correspondientes informes.
Por su parte el juzgado de Cádiz que investiga el mismo asunto ha pedido a la Intervención General del Estado un informe pericial sobre los contratos por valor de 235 millones de euros en la provincia, con un análisis de los mismos incluidas sus adendas, prórrogas y modificaciones para «constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Acuerdo con los sindicatos
Todo ello en el mismo año en que las Mareas Blancas, además de manifestarse en las calles, llevaron al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular que reclama una nueva ley de sanidad y que contó con el apoyo del PP para iniciar su tramitación que busca «recuperar los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz».
La Cámara autonómica, que rechazó en noviembre una propuesta para publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas y la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las mismas, dio el visto bueno con la mayoría absoluta del PP a los presupuestos del próximo año, con 16.225 millones para sanidad, un incremento de 1.016 millones respecto al año pasado.
La Junta termina el año en materia sanitaria con una buena noticia en forma del acuerdo alcanzado con los sindicatos SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT para un nuevo Pacto de Bolsa que permita una «contratación de personal sanitario más ágil y transparente», según anunció el propio Moreno el pasado día 15.
En un mensaje en la red social X el presidente de la Junta se felicitó por el acuerdo, que, a su juicio, «sigue fortaleciendo la sanidad pública», mientras el consejero Sanz señaló que el pacto responde «a una necesidad clara tras 12 años de complejidad e inseguridad administrativa».
Entre las novedades que aporta este nuevo modelo está que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. EFE
