Málaga, (EFE).- La Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual a una mujer «con la que mantenía una relación sentimental».
Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el regidor contrató en 2023 a esa mujer a sabiendas de que nunca iba a desempeñar «actividad laboral alguna» y por ello percibió dos nóminas, una de 1.634 euros y otra de 3.642 euros.
La Fiscal, que señala que estas cantidades se percibieron «sin contraprestación alguna», interesa la apertura de juicio oral contra el alcalde y contra la mujer, para la que pide tres años y medio de prisión como cooperadora necesaria del delito de malversación de caudales públicos.
Para García Urbano también pide la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del sufragio pasivo durante una década.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el alcalde indemnice de manera directa al Ayuntamiento con los 5.276 euros que percibió la mujer si no queda acreditado el ingreso del cheque que el regidor emitió hace unos meses con esa cantidad.
El alcalde pidió el archivo
Entre la documentación requerida, también solicita testimonio sobre los justificantes de transferencias bancarias de 2.000 euros mensuales por parte del alcalde de esta mujer, así como conversaciones de Whatsapp mantenidas entre ambos entre enero y marzo de 2023.
Esta petición se une a la de la acusación popular, ejercida por el PSOE, que pide cuatro años de prisión para el alcalde.
Por parte del alcalde, su defensa califica esta petición como un «disparate jurídico» basado «en una declaración falsa» de alguien que ya ha «evidenciado la falsedad» de sus palabras en otros procedimientos judiciales que han quedado archivados.
La defensa del alcalde presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, solicitando el archivo de la causa porque considera que no existe ningún indicio delictivo contra él en la contratación de esa persona como cargo de confianza durante 46 días, algo que está pendiente de resolver.
En ese escrito, sostiene que el auto de transformación del pasado 4 de diciembre utiliza la declaración en calidad de testigo que esa misma persona formuló en otro procedimiento, que fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial al demostrarse la falsedad de las acusaciones.
Según fuentes municipales, se trata «de una inadmisible e injusta campaña política y mediática» con el objetivo de «dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona» para apartarle del cargo. EFE
