Sevilla, (EFE).- Un informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha cifrado en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso ‘ilícito’ de agua en una finca de la Casa de Alba situada en el entorno de Doñana e investigada por un Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Este nuevo informe pericial, al que ha tenido acceso EFE e incorporado a la causa que se sigue la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor, se centra en la valoración económica del daño ambiental de la extracción hídrica subterránea en la Finca Aljóbar, ubicada en el municipio de Aznalcázar, en el marco de la operación ‘Irrigatio’.
El informe pericial ha cifrado además entre 5,87 y 6,27 millones de euros la «cuantificación económica total» derivada de la posible extracción «ilícita», y destaca la importancia de explotación del acuífero puesto que la circulación de agua subterránea predominante está hidráulicamente conectada con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, que nutre el entorno natural de Doñana.
Informe muy técnico
Este informe de carácter muy técnico, ya ratificado en sede judicial por los agentes que lo realizaron, se ha emitido después de que la Fiscalía solicitara el desglose de la cuantía que podía corresponder con el llamado «beneficio indirecto obtenido por el agricultor por cultivo y hectárea», según han informado a EFE fuentes del caso.
El nuevo informe, el segundo incorporado a la causa, desglosa la cuantificación económica en apartados específicos como la ganancia obtenida por el uso de agua ‘ilegal’ y se refiere a la rentabilidad que se pudo conseguir con la venta de cítricos regados entre los años 2014 y 2024.
Además, se ha tenido en cuenta que desde 2021 se han eliminado hectáreas de naranjos y se han sustituidos por olivos, lo que ha llevado a utilizar los cálculos más conservadores, ha añadido las fuentes.
Para este cálculo, se multiplicó la cantidad de fruto recogido por su precio de mercado y se restaron los costes de producción (un 25 % aproximadamente), con lo que resultó una cifra de más de 5,14 millones de euros.
Para la valoración del daño ambiental el informe suma tres componentes específicos para medir el impacto en el ecosistema, que incluye valor del agua extraída, cuyo recurso oscila entre 468.275 y 814.896 euros; coste de rehabilitación necesario para reparar el daño al medio ambiente, estimado en 201.489, euros, y pérdida de servicios ecosistémicos, referido al valor del agua que dejó de estar disponible para otras actividades y cuya pérdida se sitúa entre 62.539 y 113.353 euros.
Además, para la valoración el total del daño suma los tres aspectos anteriores y el informe tasa el daño ambiental entre 732.304 y 1.129.739 euros.
Instrucción judicial
La cuantificación económica total ha sido obtenida por su parte al sumar la ganancia ilegal más el total del daño ambiental, de forma que la cifra final se sitúa en ese rango de entre 5,87 y 6,24 millones de euros.
Como conclusión del estado del acuífero el informe advierte de que este tiene un índice de explotación del 0,91 % y ha sufrido un descenso importante de sus niveles de agua en los últimos cinco años.
Esta situación, según la UCO de Medio Ambiente, ha provocado daños importantes en el ecosistema que podrían ser irreversibles y afecta negativamente a la conservación de hábitats y especies de la zona.
Uno de los últimos pasos más destacados sobre esta causa judicial se produjo el pasado 18 de septiembre, cuando se citó al representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la referida finca, a declarar como investigada.
El representante legal de esta sociedad, que tiene entre los miembros de su consejo de administración a los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo, se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción por los pozos no autorizados administrativamente.
En este caso ya declaró como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. EFE
