Málaga, (EFE).- La familia de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño asesinado en la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, ha urgido este viernes al Gobierno central a cambiar la ley para que sea considerado víctima del terrorismo de Estado y ha anunciado una lucha «directa» y «constante».
En la esquina donde murió García Caparrós, sus hermanas -Loli, Paqui y Puri- han comparecido ante los medios de comunicación para reaccionar a la carta que les envió el Ministerio del Interior rechazando su petición, una misiva que han calificado «de la vergüenza» y que para ellas se ha tratado de «la más dura» que han recibido.
Han hecho un llamamiento a Andalucía a movilizarse «por la dignidad y memoria» de su hermano y han informado de que van a llevar a cabo un plan «de lucha constante» para alcanzar su objetivo de cambiar la ley a nivel estatal.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó el pasado miércoles en la comisión de Interior, a preguntas del diputaddo de Sumar Enrique Santiago sobre este caso, que la forma jurídica para reconocerle como víctima sería reformar de nuevo la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Tras recordar que con la normativa actual al joven malagueño no se le puede reconocer ni como víctima de la represión franquista ni como víctima del terrorismo, el ministro abogó por introducir un precepto en la ley de Memoria como la «vía más rápida» y «oportuna».
Las hermanas lamentan el «limbo» burocrático
Las hermanas han denunciado el «desamparo» en el que se encuentran y han pedido a Andalucía y a sus instituciones que ayuden a «restituir la memoria» de Manuel José García Caparrós, una «víctima del terrorismo de Estado que dio su vida por Andalucía».
En un escrito que han leído entre Puri y Loli, han lamentado que su hermano esté «en el limbo de la burocracia» y han insistido en que si el problema es que no tiene encaje en la ley, «cambien la ley».
Para ello, han reclamado que el Gobierno «cambie lo que tenga que cambiar» para no «proteger» a los terroristas y que todos los partidos apoyen la iniciativa, aludiendo también al PP y a la Junta, ya que entienden que el Ejecutivo autonómico debe ser «el primero en apoyar».
Se han mostrado muy críticas con la carta de la directora general de apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, y han cuestionado por qué este departamento «en vez de buscar soluciones» opta por denegar el reconocimiento.
Para las hermanas de García Caparrós, el Estado debe «asumir su responsabilidad histórica», ya que consideran que hay «un manto de impunidad» que llega hasta la actualidad: «A nuestro hermano no lo mató una bala que cayó del cielo, fueron a matar y lo mataron».
Falta de empatía
Han denunciado que la «falta de empatía» hacía las víctimas convierte la respuesta en más «inhumana» y han subrayado que la policía de 1977 no estaba para «proteger» a los ciudadanos, sino para «asustar» a los habitantes.
A las puertas del 28F, Día de Andalucía, han explicado que para ellas ese día lo será siempre el 4 de diciembre, cuando salió «el pueblo» a defender su autonomía: «García Caparrós será siempre un símbolo para Andalucía».
La reacción de las hermanas de García Caparrós se produce después de que saliera a la luz en la prensa la carta que se les envió denegando la condición de víctima del terrorismo, en la que se señala que no tiene «encaje» aun siendo unos hechos de una «gravedad extrema», teniendo en cuenta que «el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos». EFE
