Málaga, (EFE).- La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado devolver la pensión por gran invalidez a un hombre en silla de ruedas al que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le revocó el derecho a percibirla pese a que sufre una reacción adversa a un cáncer que le dejó sin poder caminar y con tetraparesia.
En la sentencia de la Plaza 7, a la que ha tenido acceso EFE, se le devuelve la situación de gran invalidez, revocada por el organismo estatal el 30 de diciembre de 2024, así como también reconoce el derecho a percibir la pensión de la que venía disfrutando anteriormente.
El hombre, de 44 años, padece una tetraparesia (afección caracterizada por falta de fuerza y movilidad en las cuatro extremidades) que le hace estar en una silla de rueda con limitaciones para un gran número de actividades de la vida cotidiana.
El abogado Damián Vázquez, que ha presentado las demandas contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha asegurado a EFE que no entiende la postura de dicho organismo y ha lamentado que pretendieran dejar sin ningún grado de invalidez a un trabajador en silla de ruedas y que depende de terceras personas para ayudarle y subsistir.
Gran invalidez
«Hemos luchado contra dicha injusticia y lo hemos conseguido», ha subrayado, al tiempo que ha destacado que están muy satisfechos con la resolución porque su cliente, pese a su situación, se había quedado sin prestación.
El afectado trabajaba como operador de grúas móviles y tras un tumor testicular recibió un tratamiento de quimioterapia que le dio una reacción adversa.
En abril de 2021 se le reconoció administrativamente la gran invalidez, pero en 2023 la Seguridad Social le rebajó a incapacidad absoluta, lo que el paciente recurrió judicialmente.
Mientras se tramitaba dicho el proceso, el INSS volvió a revisar su expediente y dictó una nueva resolución el 30 de diciembre de 2024 en la que afirmaba que no existía grado de incapacidad, según se explica en los fundamentos jurídicos de la sentencia.
Vázquez ha destacado que el pasado 10 de febrero de 2025 el Juzgado de lo Social número 6 de Málaga estimó la demanda y le reconoció la gran invalidez.
Ahora, esta última sentencia dictada en marzo de 2026 anula la resolución de finales de 2024 al constatar que no existía ninguna prueba médica que justificara una mejoría desde entonces.
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad le tiene reconocida una discapacidad de un 95 por ciento y una dependencia de grado III. EFE
