Almería, (EFE).- El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos interpuestos contra la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico, acusando a los recurrentes de utilizar el «fraude de ley» con el objetivo de «torpedear y sustraerse a la acción de la justicia».
En un escrito de alegaciones dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, al que ha tenido acceso EFE, la representación legal del Consistorio da cuenta de la ofensiva administrativa iniciada contra el acuerdo plenario del pasado 7 de julio, que declaró nulo el permiso de obras concedido en el año 2003.
El documento municipal advierte a los magistrados de que los recursos interpuestos por las distintas partes presentan «curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara».
Según el Ayuntamiento, todos inciden «falazmente» en el argumento de que no cuestionan el cumplimiento de las resoluciones judiciales, sino la «regularidad procedimental» del pleno.
Recurso del promotor
El escrito enumera e identifica ante la Sala a los impulsores de estos recursos, recordando que los concejales del grupo municipal del PSOE (José Luis Amérigo, Francisco Capel y Vanesa Fuentes), así como el edil no adscrito Felipe Cayuela, «se ausentaron» del salón de plenos a la hora de votar la nulidad.
Asimismo, señala que el tercer recurso se ha promovido por parte del exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE) en calidad de presidente de una asociación patrimonial, subrayando ante el tribunal que fue precisamente él quien «en su día y bajo su mandato, aprobó la concesión de la licencia de obras» del inmueble.
En esta comunicación oficial elevada al TSJA no se incluye, sin embargo, el recurso de reposición interpuesto por la mercantil promotora del hotel, Azata del Sol, que no figura entre la documentación adjuntada ni es mencionada por el letrado municipal en su escrito.
Por otro lado, el Ayuntamiento aprovecha este trámite procesal para defender de forma explícita la actuación del actual alcalde, Salvador Hernández (Cs). El documento sostiene que la «importante serie de incidencias» y retrasos previos que marcaron el procedimiento de revisión de oficio «nunca fueron imputables al actual alcalde-presidente», argumentando que tuvieron su razón de ser en la «carencia de medios humanos necesarios» para poner fin al litigio bajo parámetros de «total legalidad». EFE
