Cádiz, (EFE).- Los armadores de las 126 embarcaciones andaluzas afectadas por la decisión de la UE de cerrar a la pesca de fondo 87 zonas consideradas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste creen que esta medida “no tiene ningún sentido”.
Así lo afirma, en declaraciones a EFE, José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), que espera que las quejas españolas, tanto del gobierno como de las comunidades autónomas, surtan efecto y paralicen la entrada en vigor, el próximo 9 de octubre, del Acto Delegado de la Comisión europea que prohíbe actividad pesquera de arrastre en 87 pesquerías del Atlántico (de Golfo de Cádiz, Gran Sol (Irlanda) o Cantábrico).
Cuatro de las zonas corresponden al Golfo de Cádiz. y en ellas faenan un total de 126 embarcaciones de arrastre de Sanlúcar de Barrameda (la flota más afectada), El Puerto de Santa María, Isla Cristina y Ayamonte.
Flota en parada biológica
Esta flota está ahora y hasta el próximo 1 de noviembre en parada biológica, pero a partir de entonces, si la decisión de la Comisión Europea no varía, perderán cuatro caladeros importantes para esta flota, según los armadores.
“Si no podemos pescar en esas zonas, habrá que ir a otros caladeros, que se verán sobreexplotados, porque allí se van a juntar toda la flota. Va a ser peor el remedio que la enfermedad”, augura.
Gallart explica además que los cuatro caladeros afectados del Golfo de Cádiz tienen “fondos arenosos y de fango” por lo que “no hay ninguna especia vulnerable” que se pueda ver afectada por la pesca de arrastre. “Eso está científicamente probado”, asegura.
Se queja además de que el Acto Delegado de la Comisión Europea en el que se establecen estas restricciones va mucho más allá que el propio reglamento de actividades pesqueras en aguas profundas de la CE que trata de desarrollar.
“El reglamento habla de zonas de entre 400 y 800 metros de profundidad, y aquí se han extendido a 120 metros”, apunta.
Por ello, Faape considera que hay “base jurídica suficiente” para que pueda prosperar el recurso que el Ministerio español de Agricultura y Pesca estudia interponer contra la medida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Una moratoria de la aplicación de la medida.
Para dar tiempo a que prospere ese recurso, explica, el sector de los armadores acordó ayer con la Junta de Andalucía, solicitar una moratoria de la aplicación de la medida.
Además, el pasado 26 de septiembre, la Comisión Europea (CE) indicó que no descartaba revisar la decisión, siempre que los datos científicos actualizados que se publicarán en noviembre lo justifiquen.
Entre tanto, las comunidades autónomas afectadas se reunirán mañana en Santander para abordar el asunto de forma conjunta, según Gallart.
El sector andaluz espera que la unidad entorno a la oposición sirva para paralizar una medida en la que, según Gallart, la CE “se ha dejado llevar por la presión de grupos mediambientalistas”, sin razones científicas, económicas y pesqueras. EFE
Edición Web: Luis Ortega
