Sevilla/Granada, 27 (EFE).- El Gobierno andaluz aprueba este martes el decreto para regular la actividad en el ámbito urbano de los vehículos de transporte con conductor para lograr la “convivencia” de los taxis y VTC. En el texto se estipulará que la potestad sancionadora para cumplir la norma estará compartida entre la Junta y los ayuntamientos.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha asegurado que se plantean medidas “de enorme calado e importancia” para favorecer la actividad “pensando en el consumidor” y ha garantizado que habrá un diálogo “constante y estable”, con una mesa de trabajo una vez al mes, donde se pueda valorar la aplicación del decreto y otras medidas.
Los ayuntamientos también vigilarán la aplicación
La oferta del Gobierno andaluz es “seguir trabajando” con el sector del taxi para quitar “todos esos miedos” en la aplicación de la norma.
La vigilancia en su aplicación estará compartida con los ayuntamientos, una petición del sector del taxi, para favorecer su aplicación “día a día”.
La aprobación del decreto tiene lugar en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno y se espera dar un paso más en el conflicto entre los taxis y VTC.
Granada acusa a la Junta de favorecer a las “multinacionales”
Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada, a través de la edil de Movilidad, Raquel Ruz, ha acusado este martes a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, de regular “favoreciendo a una serie de multinacionales” (VTC) que precarizan un servicio público, en contra de un sector tan importante como es el del taxi.
La concejala ha realizado estas declaraciones tras participar junto al alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), en una reunión con representantes de la Gremial del Taxi de Granada, y una vez que se había hecho pública la decisión del Consejo de Gobierno de aprobar el decreto de liberalización de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
“Entendemos que hay capacidad para todos, pero dialogando y estableciendo una regulación justa”, ha reiterado Ruz, que ha mostrado su apoyo al sector del taxi y a las 700 familias que dependen en Granada de este servicio público “totalmente regulado y garantizado”.
La normativa «Ábalos»
El próximo 1 de octubre acaba el período transitorio de cuatro años que el gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de las VTC.
Esa normativa, conocida como decreto «Ábalos», establece que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC sólo podrían realizar trayectos interurbanos, lo que en la práctica supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.
A 1 de septiembre, según los datos oficiales del ministerio, en España había un total de 17.385 licencias VTC, de las cuales 8.463 corresponden a Madrid, 3.202 a Andalucía y 2.824 a Cataluña (que también tiene ya una regulación para el sector), concentrando entre las tres cerca del 85 % del total nacional.
Estas cerca de 14.500 licencias podrán seguir operando trayectos urbanos, con mayor o menor flexibilidad, a partir del 1 de octubre, a la espera de que las comunidades que no lo han hecho todavía aprueben una legislación clara al respecto o una prórroga de la actual normativa mientras aprueban una nueva. EFE
Edición WEB: Luis Ortega
