Huelva, (EFE).- Andalucía Acoge calcula que alrededor de 80.000 extranjeros, en base al padrón y las tarjetas sanitarias del año pasado, podrían beneficiarse en la comunidad autónoma del nuevo proceso de regularización extraordinaria que se tramitará en el Congreso de los Diputados.
La medida llegará a la Cámara Baja después de que ayer todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, votara en favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para dicha regularización. Incluidos el Partido Popular y Junts.
En declaraciones a EFE, José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, ha indicado que entre los susceptibles de regularización “se incluyen bastante familias con hijos menores de edad a su cargo. Y que, hoy por hoy, tienen mucho más difícil su proceso de inclusión y de normalización de su vida en la comunidad autónoma”.
Se trata, ha añadido, de personas que “están trabajando y no pueden cotizar la Seguridad Social porque la ley se lo impide. Nos llegan demandas de empleadores que quieren dar de alta a personas migrantes y no pueden porque la ley lo impide”.
Recogida de firmas
Morales ha expresado su deseo de que este proceso extraordinario “llegue a buen término” pues “podría ser una solución”. Aunque “lo que de verdad necesitamos es una normativa de Extranjería y una gestión de las migraciones pensada en el bien común. Y pensada en el bien de toda la sociedad, en el respeto a los derechos. Y que dé oportunidades de desarrollo a las personas y a la sociedad”.
“Hoy por hoy la normativa de Extranjería es demasiado dura y no facilita para nada que las personas migrantes puedan normalizar su pertenencia a la comunidad. Este es el verdadero paso que hay quedar. Más allá de una revolución extraordinaria necesitamos una normativa y una gestión de las migraciones pensadas en el bien para todas las personas”, ha concluido.
Esta iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas. Y su objetivo es dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto. Con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Según sus promotores, ello acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, que cifran en alrededor de 500.000. Y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación. EFE
