Zaragoza (EFE).- Izquierda Unida ha solicitado a la oficina europea de lucha contra el fraude que investigue un posible conflicto de intereses en el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por el paraje de Canal Roya, en el Pirineo aragonés, impulsado por el Ejecutivo autonómico y que se financiaría con fondos europeos.
Así lo han anunciado este lunes el coordinador general del partido en la Comunidad, Álvaro Sanz, y la eurodiputada de la formación política Sira Rego, en una rueda de prensa.
“IU ha registrado en el ámbito de la oficina europea de lucha contra el fraude un documento en el que exponemos que el cómo se está gestionando este proyecto puede dar lugar a un conflicto de intereses que es susceptible de investigación por la oficina”, ha dicho Sanz.
En ese sentido, ha relatado que estos fondos para la sostenibilidad turística fueron solicitados a Europa en diciembre por la Diputación de Huesca y que en enero se firmó un convenio que puso de manifiesto que el proyecto requerirá “de la participación de sociedades que son privadas”, es decir, Aramón. Esta sociedad está participada al 50 % por el Gobierno de Aragón y al 50 % por Ibercaja y gestiona, entre otras, la estación de esquí de Formigal.
Gastón es “trabajadora” de Aramon
El también diputado en las Cortes ha relatado que la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, es presidenta de Aramón “por razón de su cargo” y “trabajadora” de esta sociedad, en un contexto en el que fue la estación de Formigal la que solicitó la declaración del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto.
Sanz ha recordado que ese PIGA se aprobó “pese a un informe desfavorable” de la dirección general de Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico y que, en sede parlamentaria, Gastón, que es “trabajadora en excedencia de otro de los socios”, afirmó que el proyecto “se va a llevar a cabo” y que “no tiene marcha atrás”.
Por ello, ha destacado que a IU le parece “cuando menos una temeridad hacer estas afirmaciones”, además de “una falta de transparencia” y de “rigor en la gestión”.
En este sentido, el coordinador del partido en Aragón ha apuntado como “una posible situación de conflicto de intereses” el hecho de que “la presidenta de la misma empresa que va a impulsar el PIGA sea, de alguna manera, la que autorice ese PIGA”, además de ser “una de las firmes y más beligerantes promotoras de este proyecto”, en referencia a Gastón.
Es decir, para Sanz se da “la casualidad de que las personas que están tanto en el ámbito de la empresa privada por razón de su cargo como en el Gobierno de Aragón, en el marco de los departamentos implicados, son las mismas”.
Se necesita una investigación “profunda”
“A nuestro juicio, hay hechos más que fundados para que haya una investigación profunda en la que se aclaren hasta las últimas consecuencias posibles casos de incompatibilidad”, ha añadido.
Sobre esta cuestión, ha explicado que, teniendo en cuenta que es un proyecto que suscitará la gestión de fondos europeos, “hay que elevarlo a un órgano de fiscalización y de control como es la oficina de lucha contra el fraude, porque puede haber un conflicto de intereses importante”.
Rego ha afirmado que desde Izquierda Unida creen “que la utilización de estos fondos para desarrollar proyectos que nada tienen que ver con la sostenibilidad es una auténtica barbaridad”.
Así, la eurodiputada ha explicado que han trasladado a la oficina europea de lucha contra el fraude “el posible conflicto de intereses que se podrían dar” en este proyecto al ser “juez y parte”.
Rego ha relatado que esta oficina maneja un plazo de aproximadamente dos meses para considerar si admite o no a trámite la petición de IU y que, de hacerlo, el procedimiento habitual en estos casos suele tener 12 meses de investigación.
“Nosotros, en cualquier caso, hemos pedido la posibilidad de que se planteen medidas cautelares para la paralización del proyecto”, ha recalcado.
Además, ha indicado que en IU están dispuestos “a utilizar todos los instrumentos” a su alcance “para evitar que se construya este proyecto” y proteger el paraje de Canal Roya.
Lambán no teme que se paralice el proyecto
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, por su parte, ha asegurado que no teme que se paralice el proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por Canal Roya a causa de la denuncia presentada por IU.
En declaraciones a los medios, Lambán ha asegurado que su gobierno tiene “absolutamente claro” que en el proyecto “no hay ningún conflicto de intereses”. Y ha agregado que su ejecutivo “no está actuando de manera improvisada y frívola” y que todos los pasos que se están dando “tienen plenas garantías jurídicas” y “las van a seguir teniendo”.
Pero sobre todo, el proyecto de la unión de estaciones tiene “plenas garantías de respeto al medio ambiente”. Lo que se quiere hacer en el Pirineo, ha añadido Lambán, “no es ningún tipo de atrocidad, sino todo lo contrario, es una manera de consolidar un modelo económico que va a permitir que la montaña tenga vida y actividad”.
Pero ante las críticas recibidas desde diferentes ámbitos de la política y la sociedad, el presidente ha reconocido que algo no debe estar haciendo “muy bien” su gobierno, porque en Cataluña se están haciendo actuaciones de esta naturaleza, incluso de una dimensión mayor y en parques naturales con un mayor grado de protección que Canal Roya, “y nadie se está echando las manos a cabeza ni poniendo el grito en el cielo”.
“No entiendo que aquí nos dediquemos a tirarnos tiros en el pie ante un proyecto que es medioambientalmente sostenible”, ha abundado Lambán, quien insiste en que el impacto visual de la futura instalación es “mínimo y “reversible”.
