Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha defendido este jueves en su declaración ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado “caso Mascarillas” que “siempre” actuó “bajo la legislación vigente en cada momento”.
Durante más de dos horas, Domínguez ha dado explicaciones en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el contrato por el que la Fiscalía le acusa de prevaricación y tráfico de influencias: la compra de un millón de mascarillas FFP3 en las primeras semanas de la pandemia de covid-19 a una empresa sin experiencia alguna en la importación de material sanitario, RR7 United; mascarillas que nunca fueron entregadas a la sanidad pública, pero por las que se pagaron cuatro millones de euros.
A la salida del juzgado, el director del SCS ha indicado a los periodistas que ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado y ha insistido en que el interés de su departamento y del Gobierno de Canarias sigue siendo recuperar los cuatro millones que se abonaron por adelantado a RR7 United.
El responsable de RR7 guarda silencio
El responsable de esa sociedad, dedicada al comercio de vehículos, Rayco Rubén González, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También él ha comparecido este jueves ante el juez encargado del caso, pero se ha acogido a su derecho a no declarar, por estrategia de la defensa.
El letrado de Rubén González, Rachid Ahmed ha manifestado a los periodistas que su cliente “tenía mucho interés en declarar”, como ya lo hizo ante la Fiscalía, pero le ha aconsejado que no lo hiciera y que se acogiera a su derecho a guardar silencio a la espera de que se produzcan las declaraciones de los testigos y se presenten los informes que se han ido requiriendo.
En todo caso, Ahmed ha dicho que podría solicitar más adelante la declaración voluntaria de Rayco Rubén González, de quien ha sostenido que cumplió con el encargo que le hizo el SCS, pero fue objeto de una “estafa”, como explicó en su momento a la Fiscalía, y que el millón de mascarillas que le pidieron “sí llegaron”.
“Las mascarillas fueron compradas, y eso también figura en el escrito de la querella de la Fiscalía, y llegaron”, y “no tenemos ningún documento que acredite que eran falsas, solo disponemos de la información que tiene el Ministerio Fiscal”, y “esa duda también la tenemos nosotros”, ha abundado el letrado.
Además, ha coincidido con Domínguez en que el contrato se hizo conforme a la legalidad -“no hay duda, fue una contratación de emergencia perfectamente justificada”-, y ha apuntado son otras personas que figuran en la querella, pero no como imputadas, las responsables de la estafa y que así lo hará ver ante el juez.
Un letrado se retracta de su acusación a la Fiscalía
A la declaración de este jueves ha asistido el abogado Juan Antonio López de Vergara, que representa a Ana María López, la exdirectora del Recursos Humanos del SCS, que también figura como investigada.
López de Vergara ha aclarado a los periodistas que el fiscal Javier Ródenas ha actuado de manera correcta y que, por ello, ha rectificado sus palabras del pasado martes, cuando manifestó que el Ministerio Público había filtrado a la prensa la causa.
Ha explicado que estaba molesto por las filtraciones que ha habido sobre el caso porque, aunque no está declarado el secreto de sumario, “las partes tienen el deber de reserva”. No obstante, se ha retractado de lo que dijo del fiscal, pues “a la vista de cómo se comportan las partes”, tiene absoluta seguridad de quién fue el que “ha pasado determinadas cuestiones a la prensa”.
El letrado José Luis Rodríguez, que representa a la acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ha expresado su opinión sobre el caso y ha apuntado que “parece que responde al guión de todos los comisionistas de España (…) que terminan comprando barcos y coches de lujo”.
Para Rodríguez, “es muy reprobable que no hayan llegado las mascarillas y que este señor o cualquier otro se haya gastado (el dinero) en coches de lujo o en sus negocios”.
En cuanto al director del SCS, ha considerado que “resulta bastante poco creíble que personas como Conrado, siendo empleado público y con las responsabilidades que ha tenido, no se enterara de nada de lo que pasó, sobre todo cuando mantuvo esas comunicaciones que se han publicado con el resto de encausados y con el intermediario”.
A juicio de Rodríguez, es “muy difícil que no supiera nada como ha dicho hoy y como hizo con el fiscal”.
El juez que investiga el caso continuará este viernes con las declaraciones de testigos del Servicio Canario de Salud y con una de las personas que actuó como intermediario, Samuel Machín, también en calidad de testigo. EFE
