José María Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La orden de detención emitida este martes contra Salvador Alba para que empiece a cumplir una de las condenadas más severas impuestas hasta la fecha en España contra un magistrado y su ingreso en la cárcel del Salto del Negro ponen fin a uno de los casos más mediáticos de los últimos años, que estuvo cerca de acabar con la carrera de otra juez, Victoria Rosell.
Y es que el “caso Alba” nació inicialmente con otro nombre: durante sus inicios fue el “caso Rosell”, en concreto desde que el 3 de diciembre de 2015 se hizo público que la Fiscalía de Las Palmas había abierto una investigación para dilucidar si la flamante candidata de Podemos al Congreso había beneficiado como juez a un empresario procesado por graves delitos contra la Hacienda Pública movida por intereses personales de su pareja.
Todo ello, a partir de un sobre que un informante “anónimo” había entregado a la Fiscalía con un contrato por el que una sociedad del compañero de la juez, el periodista Carlos Sosa, vendía la explotación de una licencia de radio a la Unión Deportiva Las Palmas, el club de fútbol que preside Miguel Ángel Ramírez, empresario que es otra de las piezas esenciales de toda esta historia (“Spoiler”: en mayo de 2018, Salvador Alba reconoció por escrito que él era la fuente “anónima” que había llevado ese sobre a la Fiscalía).
Antecedentes
Este es un relato en cuatro actos de cómo el “caso Rosell” se convirtió en el “caso Alba”, la historia de cómo un juez “mercadeó” con su poder para cometer “una prevaricación clamorosa” para destruir profesionalmente a otra juez, por utilizar las palabras empleadas por la Fiscalía de Canarias en su informe final durante el juicio.
Procedentes casi de la misma generación, Alba y Rosell no eran dos jueces más en Las Palmas de Gran Canaria. El primero ejerció como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y su nombre figuró en algunas quinielas como posible candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la segunda fue durante un tiempo la cara visible en Canarias de Jueces para la Democracia.
Salvador Alba ha sido ponente en la Audiencia de Las Palmas de sentencias sonadas en la historia reciente de España, como “el caso Kárate” (la mayor condena por pederastia dictada nunca el país: 302 años de cárcel contra el líder de una “secta sexual”), mientras que Victoria Rosell sirvió como juez de instrucción, conocida por algunos sumarios de corrupción y también por su defensa de los derechos de los inmigrantes como supervisora del CIE de Gran Canaria.
En el juicio que ha dado lugar a estos hechos, Salvador Alba defendió que nunca tuvo nada personal contra Victoria Rosell. La versión de esta última es la opuesta: había una enemistad evidente.
Acto I: El caso Rosell
En 2015, Victoria Rosell pide una excedencia profesional y decide encabezar como independiente la lista de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas, lo que la enfrenta en la arena política con un adversario conocido de su pareja: el líder del PP José Manuel Soria, que meses después se convertirá en ministro de Industria.
El 3 de diciembre de 2015, el día en que Rosell presenta su candidatura, se hace público que la Fiscalía la investiga por una posible infracción profesional como juez: supuestamente, ha retrasado la instrucción de la causa por fraude contra Miguel Ángel Ramírez por intereses personales (de su pareja). Es la misma mañana en la que Rosell anuncia públicamente que se presenta a las elecciones y dice a la prensa que Soria está detrás de esas acusaciones. El líder del PP se querella contra ella por injurias.
Ella gana la primera batalla: el CGPJ dictamina que no hay base para reprocharle infracción disciplinaria alguna y el TSJC anula la investigación de la Fiscalía, por no ser competente para llevar un expediente disciplinario contra una juez y por vulnerar los derechos constitucionales de Rosell, en plena campaña electoral.
Acto II: La “juez de Podemos”, imputada
Salvador Alba pide (y consigue) sustituir a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria mientras ella está en el Congreso. Desde su llegada al Juzgado, toma las riendas del caso contra Miguel Ángel Ramírez, revisa el trabajo hecho por su antecesora y le impone una fianza de 35 millones de euros para asegurar las responsabilidades del posible fraude.
Ramírez solicita declarar ante Alba y le cuenta que sí, que tiene negocios con la pareja de Victoria Rosell. El ministro Soria toma nota de esa declaración y pide al Supremo que amplíe la querella por injurias que él mismo había interpuesto contra la diputada de Podemos: ahora la acusa de prevaricación judicial, de retrasar una causa por interés personal.
Salvador Alba envía al Supremo un informe sobre el desempeño de Rosell en la causa contra el empresario Ramírez que resulta clave para que la querella de Soria, ya ampliada, prospere: el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, lo toma como base para abrir una causa penal contra la juez a la que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acaba de señalar como su “futura ministra de Justicia”. Hay de nuevo elecciones y Victoria Rosell renuncia a presentarse.
Acto III: Una grabación le da la vuelta a todo
Alba deja el juzgado de Instrucción y regresa a su plaza la Audiencia de Las Palmas. Casi de inmediato, Ramírez se presenta ante la nueva juez sustituta y le cuenta que Salvador Alba le ha presionado hasta casi llevar a la ruina a sus empresas con la mayor fianza dictada nunca en Canarias. Y, en esa tesitura, alega que él ha contado a Alba “lo que quería oír”. No solo dice eso, entrega una grabadora camuflada con forma de llave de coche en la que está registrada toda su conversación con Alba un día en que fue citado al juzgado extraoficialmente y llevado al despacho del juez sin pasar por el registro de visitas, entrando por el garaje.
En esa grabación se escucha cómo Alba le ofrece al empresario poner fin a su causa por fraude fiscal si le ayuda a acusar a Victoria Rosell, mientras profiere algunas expresiones despectivas sobre ella. Como Rosell ya no está en el Congreso, su causa penal viaja hasta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la archiva tomando como prueba principal la grabación y el testimonio de Ramírez. Se abren diligencias contra Alba por graves delitos cometidos en el ejercicio de su cargo como juez. Ha terminado el “caso Rosell”. Comienza el “caso Alba”.
Acto IV: caso Alba, un juez en el banquillo
Lunes, 1 de julio de 2019, Salvador Alba se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados ante la Sala de lo Penal del TSJC, para responder por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos. La Fiscalía y las otras tres acusaciones (Rosell, su pareja y Podemos) lo señalan como artífice de una conspiración, pero su defensa sostiene que son Rosell y Carlos Sosa los que han maquinado con Miguel Ángel Ramírez para hundirlo.
La sentencia es contundente: Alba manipuló una instrucción para perjudicar a otra juez (prevaricó), ofreció al empresario procesado en esa causa archivarla si le ayudaba en su propósito (cometió cohecho) y envió al Tribunal Supremo informes con contenido falso sobre Rosell que impulsaron su imputación (incurrió en falsedad).
El 21 de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirma la sentencia y el 3 de marzo de 2022, el Consejo General del Poder Judicial retira a Salvador Alba la condición de juez.
Epílogo: el Salto del Negro
Alba ha conseguido retrasar casi un año su entrada en prisión con múltiples recursos contra cada paso que se daba en la ejecución de una condena firme: recusaciones, alegaciones e informes médicos sobre problemas de salud que supuestamente le exonerarían de entrar en la cárcel. Hoy, 18 de octubre de 2022, minutos después de que se conociera que el TSJC había ordenado su busca y captura por no cumplir el último plazo que le habían dado, se ha presentado en la prisión de Las Palmas I, la histórica cárcel del Salto del Negro. EFE
