Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Todos los grupos parlamentarios han mostrado este miércoles su ánimo de consenso en la tramitación del proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, un acuerdo al que el PP ha puesto un límite: que se quiera utilizar para dar sueldos a los expresidentes.
El proyecto de ley, cuyo debate de primera lectura se ha celebrado en el pleno del Parlamento, no menciona estos sueldos, si bien dedica un artículo a los expresidentes en el que se remite a un desarrollo reglamentario posterior para definir su estatuto y régimen de incompatibilidades.
En ese artículo, además de las previsiones protocolarias para los expresidentes y expresidentas de Canarias, se les garantiza el apoyo del Gobierno en sus desplazamientos en el archipiélago y en el exterior y la utilización de los medios personales y materiales “que se determinen”.
El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, presentó el proyecto de ley ante el pleno y explicó que esta nueva legislación sustituye a la vigente desde 1983, aprobada en la legislatura provisional.
La nueva norma adapta el funcionamiento del Gobierno y de la Presidencia a los nuevos tiempos y al Estatuto de Autonomía de 2018, que entre otras novedades introduce la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento o la aprobación de decretos leyes por parte del ejecutivo, explicó.
“Todo esto debe redundar en una consolidación de las instituciones”, así que “logren que esta nueva ley tenga al menos otros cuarenta años de vigencia”, dijo Julio Pérez a los diputados y diputadas.
Todos los grupos políticos mostraron su acuerdo con la necesidad de esta nueva legislación y expresaron su voluntad de que se apruebe por consenso, sin perjuicio de que cada uno presentará sus enmiendas parciales para mejorar el texto.
Algunas de esas enmiendas se referirán al artículo sobre el estatuto de los expresidentes, y al respecto la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, avisó de que si se pretende “crear algún consejo consultivo para dar algún sueldo a los expresidentes, con el PP que no cuenten”.
También se mostró crítica con la facultad que se da al Gobierno de Canarias de “aumentar discrecionalmente los chiringuitos”, al facultarse al ejecutivo para la creación de órganos diversos.
Otra discrepancia del PP es que se elimine el control parlamentario de las decisiones del Gobierno de Canarias para la ubicación de las sedes de la administración pública autonómica.
Sobre el estatuto de los expresidentes también anunció alguna enmienda “constructiva” el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, quien señaló que deben tener “un reconocimiento si siguen trabajando y aportando”, pero no sueldos vitalicios o privilegios que “no se entienden en la ciudadanía”.
Luis Campos, de Nueva Canarias, defendió que se pueda aprovechar “el caudal de experiencia de los expresidentes para el conjunto de la ciudadanía”, quienes son “instituciones de esta tierra”, aunque descartó los sueldos vitalicios. EFE
