Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno canario “da por negociadas” las bases y convocatorias que establece la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en lo que concierne al personal temporal de la Administración general de esta comunidad autónoma.
Así lo ha manifestado el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, tras firmar con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Sepca, las bases de los procesos de selección para la estabilización de 3.499 plazas de empleo público en la Administración General de la Comunidad Autónoma, cuya convocatoria deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.
El número de plazas ofertadas asciende a 3.499, y de ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242, de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral).
Los aspirantes a los puestos de trabajo del personal funcionario interino de corta duración deberán hacer un examen tipo test, no eliminatorio, que se efectuará después de la fase de concurso.
La selección del personal laboral de corta y de larga temporalidad se realizará solo por el sistema de concurso de méritos y sin tener que examinarse.
El acuerdo incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias.
Los representantes sindicales -Pedro Costeras por CCOO, Manuel González por Sepca, Francisco Bautista por UGT y César Martínez por CSIF- han celebrado este acuerdo, al tiempo que han recordado que quedan otros asuntos por negociar, como la consignación presupuestaria que precisa el desarrollo de la carrera profesional.
A esos asuntos, el consejero regional de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha sumado otros relacionados con el teletrabajo, la movilidad o la productividad, aspectos de los que las partes han de “hablar”, ha dicho, una vez superado el conflicto de la temporalidad.
Según el Gobierno canario, las bases firmadas este jueves resolverán el abuso de temporalidad que afecta a más del 80 % de los empleados públicos no fijos que tiene la Administración general de la comunidad autónoma, que a su vez son el 30 % del total.
Otras fuerzas sindicales discrepan de este acuerdo. En opinión de José Valido, delegado de Cobas Canarias y miembro del comité de huelga, con él el Ejecutivo y los sindicatos de la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias “han firmado la sentencia de muerte laboral de, al menos, un 10 % de los trabajadores en fraude de ley, unos 350”.
Valido ha explicado ante la sede de Presidencia del Gobierno, donde se manifestaba junto a más compañeros, a los que “no les vale” este acuerdo porque “deja atrás a los trabajadores de la Administración general con menos de doce años de antigüedad quienes, con estas bases, van a obtener una puntuación que no les va a alcanzar para consolidar su puesto de trabajo”.
Por este motivo, el representante de Cobas Canarias ha asegurado que este acuerdo “está impugnado judicialmente” y ha añadido que su recorrido en los tribunales “dependerá de si se alcanza un acuerdo para la gente que va a estar despedida”.
En la firma de este jueves, el consejero Julio Pérez ha garantizado que el Ejecutivo regional “no renuncia a entenderse” con todos los afectados por el abuso de temporalidad, si bien ha augurado que las bases consensuadas con CCOO, CSIF, UGT y Sepca “seguro que serán objeto de recurso de quienes consideren que las acilidades han sido muchas y de quienes estimen que han sido pocas”.
Sobre los 24 empleados públicos temporales de Justicia y los 130 del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia que, según ha recordado CCOO, no podrán beneficiarse de este acuerdo, Julio Pérez ha recalcado que a ellos se les ha aplicado el criterio que han indicado los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
Respecto a la estabilización del personal temporal de Educación, que se rige por una normativa estatal, Ángel Víctor Torres ha dicho que el Gobierno canario se posiciona “al lado de sus reclamaciones”, al entender que “los baremos deben ser otros, ya que en los últimos años Canarias no ha tenido la misma posibilidad de ir a oposiciones que puntúan, como sí han podido hacer otras comunidades”.
Por ello, ha garantizado que “el Ejecutivo va a trabajar para conseguir el mejor acuerdo para el sector educativo” con los “mecanismos que la ley permite dentro de su competencia”. EFE
