Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La comisión de educación del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes por unanimidad el dictamen de la proposición de ley del Sistema Público de Cultura con un matiz: se ha eliminado la petición a cabildos y ayuntamientos de destinar a cultura al menos el 5% de sus presupuestos, lo que podría ser inconstitucional.
De esta manera los diputados miembros de la comisión de educación, universidades, cultura y deportes han seguido las recomendaciones del letrado, que expresó su sorpresa ante el hecho de que se haya “colado” en el texto un dato, el del porcentaje obligado a las corporaciones, que pudiera ser “sospechoso de inconstitucionalidad”.
El texto debe llegar al pleno con la menor cantidad de asuntos conflictivos, continuó el letrado, quien recordó que incluso el Consejo Consultivo pidió “dulcificar” este término para no obligar a las corporaciones locales a aumentar progresivamente sus presupuestos en el ámbito cultural, lo que debe realizarse a criterio de cada entidad.
La redacción del artículo en cuestión rezaba: “asimismo, los cabildos insulares y los ayuntamientos deberán tender progresivamente a asignar a las actividades y servicios culturales, así como a la función cultural unos recursos presupuestarios mínimos del 5% de sus respectivos presupuestos generales”.
El letrado aconsejó sustituir esta redacción por la de “las corporaciones tenderán a destinar a servicios culturales las cantidades suficientes”, lo que fue aceptado por los grupos.
En la proposición de ley que regulará el Sistema Público de Cultura se prevé, entre otros objetivos, la creación de un Consejo Canario de Cultura, el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias y una comisión de coordinación en este ámbito.
También se prevé que el Gobierno de Canarias establecerá el Servicio de Investigación y Análisis de la Cultura y creará la Ventanilla Única Cultural Digital, y se encomienda a las administraciones públicas integradas en el sistema público de cultura de Canarias a aprobar planes de formación.
También se pide al Gobierno que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, proceda a transformar la empresa pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias, actualmente denominada Instituto Canario de Desarrollo Cultural, en la figura jurídica que resulte más eficaz para la realización de las funciones que actualmente figuran en el objeto social de la mencionada sociedad. EFE
