Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) detecta “obstáculos a la contratación” en sectores productivos de las islas orientados a la temporalidad, como la construcción, debido a la “pérdida de flexibilidad” que, a su juicio, ha supuesto la vigente legislación laboral, que avaló la CEOE.
Así lo han manifestado este jueves el presidente y el vicepresidente ejecutivo de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega y José Cristóbal García, en una rueda de prensa donde han expuesto las demandas unánimes de sus sectoriales para la recuperación social y económica de Canarias de cara a la legislatura 2023-2027.
En este documento de 149 páginas, la CCE ha pretendido plasmar, en “momentos de opiniones contradictorias”, como el actual, la posición común que hará llegar a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones locales, a los que plantean medidas trasversales para mejorar la competitividad de la economía canaria y políticas y propuestas sectoriales, según ha detallado Ortega.
Entre las propuestas de la patronal de Las Palmas relacionadas con el ámbito laboral, García ha destacado la necesidad de retocar la ley laboral en vigor, dado que la eliminación del contrato por obras y servicios ha perjudicado a algunos sectores, ya que la única alternativa es la del contrato fijo discontinuo, lo que ha llevado a algunas empresas a reducir su plantilla por no adaptarse este último a sus necesidades temporales de producción.
Por ello, la CCE plantea la necesidad de implantar nuevas modalidades “incentivadas y flexibles”, como el contrato para la reducción del desempleo en Canarias, ya que aunque la tasa de paro ha bajado hasta el 14,7 % de la población activa, los fijos discontinuos figuran como demandantes de empleo ocupados cuando están desempleados.
El otro contrato que propone la patronal de la provincia oriental para seguir reduciendo el desempleo en las islas es el de proyectos para la colaboración pública-privada, una fórmula que considera vital para crear y mantener el empleo y a la que, a su juicio, no se le saca el máximo partido “por prejuicios ideológicos” y por la “desconfianza” que entiende que mantiene la Administración respecto del sector privado.
“Hay que apoyar a las universidades privadas porque no son competencia, sino un complemento de lo público. Un médico especialista tarda en formarse 12 años”, por lo que hay que desterrar esa “falsa ideología” que impide a muchos “ver lo bueno de la colaboración público-privada”, ha dicho García en referencia al grado en Medicina que ha comenzado a ofertar la Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Modernizar la negociación colectiva, reducir el, en su opinión, elevado absentismo laboral en Canarias, actuar para hacer aflorar la economía sumergida y potenciar la mediación extrajudicial de conflictos son otras de las propuestas laborales del documento.
En materia de empleo y formación, la CCE recalca que sigue haciendo sectores productivos “que no encuentran a gente formada”, por lo que pide que se apueste, “de una vez”, por la Formación Profesional y que se apoye más a las empresas para implantar la FP Dual, además de que se facilite el desarrollo de proyectos de las universidades privadas.
A la Administración pública canaria la patronal de Las Palmas le insta a que no caiga en la “grave irresponsabilidad” de implantar tres días de teletrabajo, al estimar que los tiempos de confinamiento por la pandemia de la covid-19 ya pasaron y que no se puede permitir que los funcionarios “se queden en casa”, ya que considera que ello perjudica gravemente a la atención al público.
La CCE también advierte de que la excesiva producción normativa – como los 1.100 textos generados en esta legislatura en Canarias- y la mala calidad de las normas que se aprueban, como demuestra los 121 anuncios de corrección de errores publicados en 2022- están condicionando la inversión en el sector productivo, por lo que insta a los futuros gobernantes isleños a que aprueben regulaciones claras, simples, estables y de consenso.
También rechaza la patronal el abuso que entiende que se hace de los decretos y reales decretos leyes y la reducción de la participación de las organizaciones representativas, como las empresariales, en su elaboración, al tiempo que lamenta que las dudas que generan las normas que se aprueban propicien un aumento de la litigiosidad.
Dentro de los retos de futuro para la modernización económica, la CCE reclama la exclusión clara, evidente y manifiesta en la aplicación de ningún recargo impositivo a todos los vuelos con destino y origen en Canarias y que se permita dotar la RIC a particulares no empresarios para que se pueda canalizar el ahorro hacia inversiones en Canarias.
La patronal insiste en que los fondos europeos de recuperación “no están llegando a la economía real”, por lo que insta a que se gestionen con más agilidad y eficiencia para que ayuden a todos los sectores y empresas a contribuir a la transformación del modelo productivo de la región, de forma que reduzca du dependencia del exterior. EFE
