Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Un estudio sobre la realidad de las mujeres migrantes en Gran Canaria, que propone ofrecerles una acogida “más integral y menos asistencialista”, avisa de que al sistema se le “escapa” la detección de “las violencias” que sufre el colectivo en los hogares donde trabaja.
Se trata de “vulnerabilidades” de las que son objeto mujeres de procedencia latinoamericana, que llegan en avión y, pasado el tiempo establecido, quedan en situación irregular y buscan su sustento como empleadas de hogar, un ámbito en el que sufren violencia de género y situaciones cuya detección se escapa al sistema institucional de protección en mayor medida que las que detecta el de acogida de emergencia, más enfocado a los flujos irregulares por vía marítima.
Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa Joana Suárez, coordinadora y coredactora de este “Diagnóstico participativo de mujeres migrantes en la isla de Gran Canaria”, un estudio desarrollado durante el segundo semestre de 2022 por Alianza por la Solidaridad por encargo de la Consejería de Igualdad del Cabildo.
Su titular, Sara Ramírez, ha destacado que a raíz del repunte migratorio registrado en 2020, por el que se vieron hacinadas miles de personas en el muelle de Arguineguín, muchas de ellas mujeres, su departamento detectó la necesidad de promover iniciativas que permitieran “hablar de tú a tú” con este colectivo para poder conocer sus demandas reales, para lo que desde la Dirección General de Participación Ciudadana impulsó el proyecto “Aliadas: tejiendo redes de derechos y participación para la gobernanza ciudadana en Gran Canaria”, dirigido a facilitar su participación ciudadana.
Para dar un paso más en este objetivo, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, Igualdad encargó este estudio, en el que se ha implicado a “mujeres migrantes que pueden ser líderes” entre sus iguales y fomentar en ellas “el empoderamiento femenino tan necesario” para el colectivo, ha referido Ramírez.
Acceder a la formación, contar con espacios propios o tener redes de apoyo cuando llegan a la isla, que no existen o no son muy sólidas, según refieren el 75 % de los ayuntamientos grancanarios que han participado en este sondeo, son algunas de las reclamaciones más repetidas entre las mujeres chilenas, argentinas, colombianas, senegalesas o marroquíes con las que se ha intercambiado información, ha detallado la consejera.
La coordinadora de este estudio ha subrayado que “el 50 % de los servicios de la administración pública no saben si en su gobierno local se toman medidas específicas frente al racismo institucional”, lo que lleva a los promotores de este sondeo a “proponer la necesidad de institucionalizar la perspectiva antirracista”, como se ha hecho con la de género, e incidir en la regularización administrativa del colectivo, como defiende en una iniciativa legislativa popular el colectivo “Regularización Ya”.
Joana Suárez también ha aludido a la poca formación sobre la realidad de las personas migrantes que se oferta a los servicios de la administración pública, por lo que considera que tanto los de la red municipal como la general deben tener más información en materia de extranjería, sobre todo los relacionados con la violencia machista.
Este diagnóstico también ha detectado que la situación administrativa irregular que sufren las mujeres migrantes “anula” su posibilidad de acceder a una formación o a un empleo y denuncia, de igual forma, la “opacidad” del sistema de acogida, lo que impide a las mujeres migrantes que llegan por vía marítima acceder a servicios externos.
Sobre el papel de los consulados, el estudio también advierte de la “inexistencia de servicios de trámite de cédulas de identidad o pasaporte en las Islas” y las carencias de coordinación que existen entre estos órganos representativos y las redes insulares de violencia de género, lo que impide detectar casos de este tipo entre el colectivo. EFE
