Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha afirmado que limitar la compra de propiedades a extranjeros no solucionaría el problema de la vivienda en Canarias porque entonces también habría que limitar este derecho a los rentistas canarios, y ha señalado que el turismo “no es el origen de todos nuestros males”.
La titular de Turismo, Industria y Comercio se ha pronunciado de esta manera en comisión parlamentaria durante una comparecencia solicitada por el grupo Sí Podemos Canarias en relación con las medidas para paliar el efecto del precio de la vivienda de la venta de propiedades a extranjeros no residentes y la “turistificación” de las islas.
Al respecto, el diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha pedido que se declare al archipiélago como “zona tensionada en vivienda” y ha propuesto que se renegocie el estatus de Canarias en la Unión Europea (UE) porque, como región ultraperiférica, cumple los requisitos para pedir “una excepcionalidad” en este ámbito.
Déniz ha argumentado que disminuir la compra de propiedades por parte de foráneos debería aliviar la presión demográfica y el “colapso” en servicios y carreteras que ya están “colmatados”, al tiempo que ha pedido que se regule el alquiler vacacional y que se limite su práctica a determinados edificios y zonas de las islas.
Otros países ya se están planteando medidas en este ámbito ante el efecto “perverso” que se provoca en la población local, sobre lo que además ha reclamado Déniz que los residentes canarios conozcan todos los datos de lo que acontece en torno a la industria turística, como su impacto en los recursos, y no solamente las cifras de visitantes.
La falta de regulación en este ámbito y en el alquiler vacacional está produciendo “una gentrificación”, una expulsión de residentes “a zonas ultraperiféricas” dentro de las islas y se dan situaciones “grotescas”, como que la patronal hotelera de Lanzarote admite que los trabajadores que edifican un nuevo hotel no tienen dónde vivir, ha asegurado el parlamentario.
Ha recordado que en 2022 el 52 por ciento de la venta de vivienda en Canarias se realizó a extranjeros y hay municipios, como Agaete en Gran Canaria, donde a los canarios ya les es imposible residir, ha dicho, porque se están vendiendo casas a más de 200.000 euros, a veces varias por un mismo comprador para dedicarlas al alquiler vacacional.
“Una cosa es defender el turismo y otra vender nuestra tierra y nuestro litoral a no ser que queramos vivir en el modelo de Singapur”, ha apostillado Francisco Déniz.
La consejera Yaiza Castilla ha considerado que este asunto es “más propio” de otros departamentos, ha asegurado que Canarias no es un destino turístico masificado y ha admitido que una parte del problema de la vivienda se debe a la actividad turística de familias que intentan sacar una renta alquilando sus propiedades, a lo que también se dedican fondos de inversión.
Según la consejera, los ciudadanos extranjeros no residentes que compran en las islas no encajan en el patrón de vivienda que busca el residente canario, pues optan por apartamentos con piscina y buenos servicios o chalets de lujo.
Castilla ha enumerado además “los escollos” jurídicos para limitar la compra de vivienda, como la libre circulación de personas y capitales en la UE, el derecho a la propiedad privada que reconoce la Constitución Española y la falta de competencias autonómicas en este ámbito.
“Estamos intentando tapar el sol con la mano”, ha aseverado Yaiza Castilla, quien ha pedido intentar solucionar este problema “sin morder la mano que nos da de comer, el turismo”, con medidas más concretas y específicas “para aflojar el precio” de los alquileres y de las viviendas y una adecuada política de transporte público “porque, por regla general, la población canaria no quiere vivir donde trabaja”.
El portavoz del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, ha coincidido en que la propuesta de Podemos “choca” contra las normas básicas de la UE y se ha preguntado qué imagen se da ante el turismo “con esta filosofía de turistas sí, pero no, y a Europa dame dinero para lo que sea pero que se queden en el continente”.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, ha dicho que el turismo no es el problema para el acceso a la vivienda sino una nula planificación demográfica, urbanística y de vivienda “aunque ahora parece que nos estamos poniendo las pilas”, y ha señalado también que hay “88 realidades diferentes” en Canarias respecto al alquiler vacacional “y poco puede hacer el Ejecutivo canario al respecto”.
Por Nueva Canarias la diputada Esther González ha negado que haya “una invasión de extranjeros” pero sí “una importante tensión” en el mercado inmobiliario dado que Canarias ha duplicado su población en los últimos 40 años sin una oferta similar de vivienda, los ingredientes “para una tormenta perfecta que aboca a un colapso” si no se toman medidas como regular la vivienda vacacional y el parque de vivienda vacía en las islas.
Luz Reverón, del grupo Popular, ha pedido a Podemos que deje de “demonizar” al turismo y ha dicho que el PP siempre estará enfrente de cualquier iniciativa que perjudique “al motor económico” de las islas, para añadir que las afirmaciones de Déniz son “una cortina de humo” para no hablar “de la desidia” del Gobierno “y su incapacidad” de sacar adelante el plan de vivienda.
Por el grupo Nacionalista Canario José Alberto Díaz-Estébanez ha afirmado que Podemos “ataca sin rubor” a la Consejería de Turismo, su socio de gobierno, ha señalado que el primero en hablar de capacidad de carga fue el Ejecutivo nacionalista de Paulino Rivero “y lo más suave que lo llamaron fue xenófobo”, y ha asegurado que al turismo “se le cuelga el mochuelo del problema pero no podemos ser comunitarios para lo bueno y no serlo cuando no nos gusta”.
David Godoy, del grupo Socialista, ha aseverado que no se trata de “demonizar” al turismo ni es descabellado abrir un debate sobre la dificultad de acceder a la vivienda pese a que a algunos les salga “urticaria”, pues aunque se trata de un asunto “con muchas aristas”, el dato real es que la actividad turística no se limita a áreas con tal consideración, sino a zonas rurales y residenciales donde se alquilan o venden propiedades a extranjeros. EFE
