Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el catálogo de servicios y prestaciones del servicio público canario de servicios sociales, en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de 2019, que fija los requisitos y condiciones de acceso y el procedimiento de su actualización y revisión.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha dado cuenta de este acuerdo tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha anunciado que la prestación de los servicios previstos en el catálogo supondrá una inversión directa mínima por parte de la Comunidad Autónoma de 1.800 millones de euros en doce años.
Para ello, el presupuesto anual de la Consejería de Derechos Sociales, que actualmente alcanza los 700 millones de euros, aumentará un mínimo de 55 millones anuales para la cobertura de estas prestaciones, precisó Noemí Santana, a los que habría que sumar las aportaciones propias de los cabildos.
“Con este catálogo damos seguridad y certidumbre a la ciudadanía sobre sus derechos en el ámbito social”, ha explicado la consejera, quien se ha referido al proceso participado para la redacción del catálogo, que ha permitido cerrar esta lista de prestaciones de forma consensuada con otras administraciones y con el tercer sector.
Han sido tres años de “ingente trabajo” para que por primera vez la ciudadanía de Canarias cuente con un catálogo de prestaciones y servicios sociales, “un documento de enorme utilidad” para las administraciones, para el tercer sector y para los usuarios, ha explicado Santana.
La consejera ha añadido que en este catálogo han participado los cabildos y ayuntamientos, a través de la Fecai y la Fecam, y doscientos profesionales del trabajo social.
Eso permitió el amplio consenso alcanzado, que llevó a que el Consejo General de Políticas Sociales aprobara el catálogo sin ningún voto en contra, agregó.
Se presentaron más de 600 alegaciones al catálogo planteado al principio, de las que se incorporaron el 40 por ciento, y posteriormente se amplió el plazo de alegaciones para conseguir un consenso aún mayor, subrayó.
Noemí Santana esbozó el contenido del catálogo, que recoge derechos y servicios como la atención de la población más vulnerable con prestaciones económicas para necesidades básicas, servicios para personas sin hogar, viviendas tuteladas y servicios municipales de atención a las urgencias y emergencias sociales.
También incluye el catálogo la atención y alojamiento de jóvenes extutelados, prestaciones económicas para familias de acogimiento, servicios especializados de apoyo a las familias de personas con discapacidad, servicio residencial especializado en salud mental, servicio especializado en la conducta o casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
En general, el catálogo ordena y clarifica las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias, cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas.
Todos los servicios y prestaciones, que persiguen la plena inclusión social y prevenir la exclusión social, quedan integrados en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o de los equipamientos sea pública o privada.
“Las prestaciones pueden ser de servicio, económicas o tecnológicas y tendrán como objetivo la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, y abordando las situaciones de riesgo o de exclusión social”, ha explicado la Consejería.
El catálogo se actualizará de manera regular y periódica a partir del análisis de la información disponible sobre los recursos y las necesidades sociales que se demanden.
Eso permitirá una atención adecuada y realista de las necesidades y demandas sociales o adaptar el catálogo a nuevos servicios u obligaciones.
La previsión es que cada dos años el Gobierno actualice el catálogo en coordinación con las demás administraciones públicas a través de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y con la participación del Consejo General de Servicios Sociales. EFE
