Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha ratificado al final del juicio sobre el presunto fraude millonario a la Seguridad Social y Hacienda que se atribuye a Seguridad Integral Canaria su solicitud de 21 años de cárcel para el propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, mientras que ha reducido de 14 a cinco años la pena que propone para Héctor de Armas, debido a su confesión.
El sindicato que puso en marcha esta causa con su denuncia y que ejerce una de las cuatro acusaciones, USO, ha secundado este jueves ante la Audiencia de Las Palmas la propuesta del Ministerio Fiscal y también recomienda una condena menor a la que inicialmente proponía para Héctor de Armas, el directivo que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma en noviembre de 2011.
El abogado del Estado, Alejandro Royo-Villanova, que representa a la acusación ejercida por la Agencia Tributaria, también ha modificado su escrito y ha reducido la condena solicitada para de Armas, mientras que ha conservado la que pide para Ramírez; el letrado de la Seguridad Social, Ángel Muñoz, ha mantenido la petición inicial de condena para ambos acusados y las multas económicas, al igual que el resto de las acusaciones.
En su informe definitivo, la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha defendido que en estas tres semanas de juicio se han acreditado “sobradamente” los delitos que imputa al también presidente de la UD Las Palmas y a De Armas por declarar y cotizar menos de lo debido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social en relación a las retribuciones de los trabajadores de Seguridad Integral.
En este procedimiento, la acusación pública sostiene que Seguridad Integral defraudó 30,06 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2017 y eludió el pago de 6,60 millones a Hacienda entre 2009 y 2013.
La Fiscalía describe dos mecanismos principales por los que, presuntamente, Seguridad Integral defraudó al erario público para reducir sus costes: abonar a su plantilla de forma sistemática las horas extras como si fueran dietas, que no tributan, y descolgarse de manera ilegal del convenio colectivo del sector para aplicar acuerdos de empresa con salarios y complementos mucho menores, lo que también repercutió en las cotizaciones y liquidaciones fiscales.
Según la fiscal Evangelina Ríos, todas esas prácticas se llevaron a cabo para elevar los beneficios por decisión del propietario del 99 % de las acciones de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, del que asegura que siguió dirigiendo la firma incluso después de 2011, cuando cedió el cargo de administrador único al otro procesado, Héctor de Armas.
La Fiscalía ha subrayado que numerosos testigos, la mayoría antiguos trabajadores de Seguridad Integral, han corroborado ante el tribunal que la empresa pagaba como dietas otros conceptos que sí estaban sujetos a cotización. De esa forma se camufló el pago de horas extras fundamentalmente.
Al respecto, ha recordado que una inspección de la Agencia Tributaria detectó que un tercio de los gastos de personal que declaraba Seguridad Integral Canaria eran dietas exentas de cotización y retención, concepto por el que aseguró que la empresa había pagado más de 8,4 millones en 2008 y que superó los 8,5 millones en 2009.
Ese mecanismo funcionó, ha añadido la fiscal, porque los trabajadores de la plantilla aceptaron que les pagaran esas cantidades en un recibo al margen de la nómina, pero la realidad es que Seguridad Integral “vulneró” la normativa e hizo declaraciones fiscales que ocultaban “mendazmente” conceptos sujetos a tributación.
El inspector de Hacienda que después fue nombrado auxilio judicial en la instrucción, Alejandro Miño, se encontró con situaciones “inverosímiles”, como que trabajadores percibían al año más dinero en dietas que en sueldo; que diez directivos cobraban en dietas entre 25.000 y 45.000 euros anualmente; y que por las dietas declaradas los empleados tendrían que haber hecho “más de 11.000 kilómetros al año” en desplazamientos.
Ríos ha valorado el ingente trabajo llevado a cabo por Miño y por los inspectores de la Seguridad Social, así como la labor desempeñada por el sindicato USO ante la información tan detallada que recabó para presentar su denuncia que después se transformó en querella.
La fiscal ha sostenido que la prueba practicada y de cargo es “abundante y suficiente”, y pese a que Ramírez no ha admitido que se pagaran las horas extras como dietas, De Armas ha sido claro al afirmar que la “política de SIC era camuflar las horas extras como dietas”.
El abogado del Estado ha compartido el informe expuesto por la fiscal y ha hecho hincapié en la “falta de imparcialidad más que acreditada” del perito propuesto por la defensa de Ramírez, el asesor fiscal e inspector de Hacienda en excedencia Juan Luis Sendín, y también ha recalcado que el administrador de hecho de SIC era el acusado Miguel Ángel Ramírez.
Según este letrado, ha quedado demostrado que se “montó un artificio” para que las horas extras y demás complementos se abonaran como dietas con el “ánimo inequívoco de defraudar”.
El abogado de la Seguridad Social ha considerado a Ramírez como “el ideólogo de todo esto” para defraudar a la Tesorería 31 millones de euros, con un “modus operandi” que también aplica a sus otras empresas, y ha culpado de estos hechos a De Armas por “omisión”, ya que podía haber evitado el perjuicio que se ha causado no solo al erario público sino a los trabajadores.
El letrado de USO, Ismael Franco, se ha adherido a todo lo expuesto por la Fiscalía y las otras dos acusaciones y ha afirmado que el único motivo del sindicato para denunciar este caso ha sido el de “proteger el interés de los trabajadores”.
Seguridad Integral fue la quinta empresa del sector de la seguridad privada, como ha destacado Ramírez, pero porque “competía con total ventaja en detrimento de las arcas públicas y de los trabajadores”, ha concluido Franco. EFE
