Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- La colaboración público privada tendrá un mayor peso en el Plan de Vivienda de Canarias que entrará en vigor cuando expire el actual, que estará vigente hasta 2025, según ha anunciado este viernes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC).
Tras reunirse con el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), Rodríguez ha subrayado una de las prioridades de legislatura del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo es la vivienda, a la que se destina más de 200 millones de euros al año.
“Entendemos que todos los instrumentos, -la colaboración de otras administraciones públicas y también la del sector privado- son necesarios para llegar a tiempo a dar respuesta a los canarios porque es verdad que en este problema llegamos tarde, la demanda es muy superior a la capacidad que han tenido las administraciones de poner vivienda a disposición”, ha referido.
Pablo Rodríguez ha dicho que cuando se incorporó al actual Gobierno regional, el pasado 15 de julio, del vigente Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que prevé la construcción de 2.000 inmuebles en el conjunto del archipiélago, además de otras acciones, como la rehabilitación del parque público, y la concesión de ayudas al alquiler, solo estaba en redacción una promoción, concretamente en el municipio grancanario de Ingenio.
No obstante, ha asegurado que el departamento que dirige “va a cumplir con los objetivos del plan”, si bien subraya que “es una mala noticia que no tengamos a día de hoy una evaluación” del mismo, pese a que en sus bases se establece que se haría cada seis meses, algo que ha asegurado que “no se ha hecho”.
“Lo vamos a evaluar antes de final de año y vamos a cumplir con sus objetivos porque entendemos que no podemos perder ni un minuto y redactaremos un nuevo plan con unos objetivos más ambiciosos, incluso”, ha anunciado.
Preguntado por en qué se van a traducir esos objetivos más ambiciosos, Pablo Rodríguez ha detallado que la intención es que el Instituto Canario de la Vivienda siga construyendo vivienda nueva, al tiempo que la empresa pública Visocan profundice en la colaboración público-privada en base a tres ejes.
Uno de ellos es el derecho de superficie, que permitiría que operadores privados también participen en la solución al acceso a la vivienda, eso sí, ateniéndose a los requisitos que establezca el Gobierno canario, como el de los alquileres asequibles.
Otra línea de trabajo de la pretendida colaboración público-privada es la que concierne a la necesidad de culminar y poner a disposición las miles de viviendas inacabadas que hay en las islas, a la que se suma la de actuar sobre las vacías, un ámbito en el que Rodríguez ha planteado la necesidad de “trabajar de otra forma porque hasta ahora sólo se ha logrado habilitar una”. EFE
