Las Palmas de Gran Canaria, (EFE).- El Gobierno canario y la Inspección de Trabajo prevén hacer aflorar 200 empleos irregulares adicionales a los 3.500 ya detectados en lo que va de año en las Islas con un plan de choque de 21 días que reforzarán 23 funcionarios de otras provincias españolas.
Se trata del Plan Especial de Actuación Inspectora que impulsa la Consejería regional de Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según han explicado la consejera Jéssica de León y el responsable en Canarias de este departamento de la Administración estatal, Francisco Gundín, quien ha destacado que estas campañas se desarrollan cada año en Canarias y Baleares, no porque tengan más economía sumergida que otras regiones, sino por el “compromiso” de sus gobiernos en la materia.
“Con esto conseguimos que, además de los 119 funcionarios que trabajamos aquí en la Inspección, vengan 23 inspectores de trabajo social y subinspectores de empleo y seguridad social de otras provincias, quienes realizarán unas mil visitas a centros de trabajo de todos los sectores, especialmente de hostelería, restauración, comercio y otros servicios, donde se detecta más economía sumergida”, ha detallado Gundín.
El responsable de la Inspección de Trabajo en Canarias ha informado de que en lo que va de año la actividad ordinaria de este departamento ha permitido aflorar 3.500 empleos irregulares, a los que se podrán sumar otros 200 con esta campaña, más los que se puedan regularizar por “su importante efecto inducido”, ya que esta iniciativa propiciará, ha dicho, que muchos empresarios “llamen” este mismo lunes “a sus asesores para dar de alta a trabajadores”.
Gundín ha explicado que las irregulares que se suelen esclarecer con estos planes de choque aluden a supuestos de economía sumergida “pura y dura”, esto es, el de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, y otros que se dan en centros de trabajo donde los contratos parciales están muy por debajo de la actividad ordinaria, es decir, cuando hay “cinco trabajadores de una empresa de diez que tienen declaradas sólo tres o cuatro horas semanales, lo que hace difícil llevar una actividad económica”.
De los 3.500 empleos irregulares que Trabajo hace aflorar al año en Canarias, 2.000 son por falta de alta, 1.000 son trabajadores con jornadas declaradas muy inferiores a las que realmente realizan y otros supuestos son trabajadores que están cobrando una prestación por desempleo o extranjeros sin permisos de trabajo.
Las sanciones por estas infracciones suelen suponer multas de 3.750 euros por cada trabajador que no esté dado de alta en la Seguridad Social, 12.000 euros por cada empleado que esté cobrando el desempleo y la misma cuantía por tener trabajando a un extranjero que carezca de permiso para ello, ha detallado.
“No es una buena inversión tener a gente sin dar de alta”, ha apostillado Gundín, quien ha informado de que el 40 % de las 60.000 visitas ordinarias que realiza al año la Inspección de Trabajo en Canarias responden a denuncias anónimas de afectados por algún tipo de fraude, mientras que el resto son planificadas.
Este departamento de la Administración del Estado ha aflorado en los últimos cinco años en Canarias unos 20.000 empleos de economía sumergida a pesar del cese de actividad que motivó la covid-19 en sectores como el turismo, motor económico de las Islas, ha resaltado.
La consejera canaria de Empleo, Jéssica de León, ha explicado que este plan de choque contra la economía sumergida lo desarrollarán cuatro grupos de trabajo establecidos en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote que realizarán visitas a todas las islas. EFE
