Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Defensor del Pueblo alerta en su informe anual de que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la acogida de los niños que llegan a su costa en patera o cayuco sin adultos a su cargo y sugiere compartir su tutela con “ONGs, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores”.
Apenas 24 horas después de que la Comisión Sectorial de Inmigración rechazara el traslado a varias regiones de 470 menores ahora acogidos por Canarias por la oposición de varias comunidades autónomas, Ángel Gabilondo propone activar un mecanismo que ya está previsto en la Ley de Extranjería, en concreto en el artículo 35.11.
“La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados. Cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a la atención de los mismos”, dice ese apartado de la ley.
Y precisa que “estará legitimada para promover la constitución de la tutela la comunidad autónoma bajo cuya custodia se encuentre el menor”, que lo puede hacer con única cautela: comunicarlo al juzgado competente del lugar donde vaya a residir después el menor.
El Defensor del Pueblo ve en ese mecanismo legal una vía de alivio para la saturación que soportan en este momento los recursos de acogida del Gobierno de Canarias, que tutela a 5.370 menores.
“La experiencia acumulada tras la conocida como crisis de los cayucos, que comenzó en el año 2006, permite afirmar que no es posible que la entidad canaria de protección de menores asuma en solitario la acogida inmediata y la posterior integración de todos estos niños y niñas”, insiste Ángel Gabilondo.
Por eso, retoma un mecanismo que ya se probó en 2006 -el año récord en llegadas de migrantes a Canarias, hasta que 2023 desbordó sus cifras con casi 40.000 personas-, la asignación de la tutela a entidades sociales de protección de menores, sin abandonar la posibilidad de llegar a acuerdos entre comunidades autónomas.
“La situación actual exige que, sin más demora, se exploren todas estas vías”, abunda Ángel Gabilondo.
Quejas por las pruebas de edad “innecesarias”
Su informe deja constancia de que al término de 2023 había 12.878 menores migrantes no acompañados acogidos en España, un tercio de ellos en Canarias. Y advierte de que “buena parte de las quejas” que recibe al respecto atañen a las pruebas de determinación de la edad.
En un comienzo de año en el que España ha sido requerida dos veces por Naciones Unidas para que respete la Convención Internacional de Derechos del Niño y presuma la minoría de edad de aquellos muchachos migrantes cuya edad le pueda resultar dudosa, el Defensor señala: “A pesar de que hay niños que disponen de documentación identificativa, han sido considerados indocumentados y sometidos al procedimiento de determinación de la edad. Se trata de una prueba innecesaria”.
Gabilondo recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto es clara: “Si la persona interesada aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarla indocumentada, a los a efectos del citado artículo 35.3” de la Ley de Extranjería, el que faculta a la Policía a comunicar el caso a la Fiscalía para que se hagan pruebas óseas de edad.
Y el Defensor menciona en concreto la situación que percibe en Canarias, donde aprecia “cierta confusión” en cuanto a la interpretación de la frase clave de ese artículo legal: “cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”.
“Parece necesario que los funcionarios policiales que realizan una primera identificación en costas reciban instrucciones precisas sobre el alcance de esta cuestión y, a su vez, que estén asistidos de intérpretes y personal especializado en infancia que les permita poder tomar una primera decisión”, recomienda.
El Defensor del Pueblo concluye este apartado de su informe anunciando este mismo año remitirá a las Cortes un informe monográfico sobre los menores migrantes, porque “sigue con especial atención la situación de los niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados” y cree preciso extraer “lecciones para el futuro”. EFE
