Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de Comisiones Obreras y UGT han criticado este jueves las consecuencias en la aplicación de la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha introducido el concurso de méritos en el ámbito educativo, ya que el 52 % de estas plazas son ocupadas por profesorado de fuera de Canarias.
El representante de UGT, Francisco Bautista, ha calificado en rueda de prensa de “criterios nefastos” por parte del ejecutivo canario, pues este proceso de concurso, según el sindicalista, “no tiene en cuenta a las personas sino a las plazas que se convocan”.
En Canarias, CCOO junto a UGT, se opusieron a la oferta de empleo público que convocaba este concurso de méritos, debido a que con un número tan alto de plazas podían ser ocupadas por personas externas del archipiélago por méritos propios.
El representante de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, ha explicado que el aumento de convocatorias en Canarias fue un éxito comparado al de comunidades autónomas con lengua vehicular, como Cataluña y el País Vasco, y por ello el resto de docentes del exterior “aprovecharon”.
En dos actas del día 11 de octubre de 2022 y 26 de octubre de 2022 se ha constatado que los sindicatos ANPE, STEC y Docentes Canarias INSUCAN firmaron esta oferta argumentando “la necesidad de sacar las plazas cuanto antes”.
Solo el 47 % de las plazas ofertadas son para el profesorado canario, CCOO y UGT han declarado que “es claramente insuficiente y pone en riesgo el sustento de los trabajadores, que se ven eminentemente en la calle”.
Otros sistemas de estabilización
Desde los sindicatos denunciantes han asegurado que defendieron otros sistemas de estabilización, como el propio concurso-oposición simplificando o un concurso de méritos que permitiera establecer las bases desde Canarias, igual al establecido en Sanidad.
En la actualidad CCOO y UGT han planteado propuestas que debatirán con los responsables de la Consejería de Educación e incluso con el Gobierno central, entre las que piden un concurso general de traslados anuales sin exigencia de permanencia con destino para poder concursar a otra comunidad autónoma.
También han demandado apostar por acelerar el proceso de jubilación parcial para dejar vacantes disponibles, permitiendo la jubilación voluntaria a partir de los treinta años cotizados y sesenta años de edad; y ante la posibilidad de pérdida de alumnado en determinados centros han propuesto la docencia compartida en todos los niveles y etapas educativas.
Los representantes sindicales han asegurado estar a la espera de que sus negociaciones den el efecto deseado, y en ese caso, creen que en menos de dos años las plazas educativas estarían estabilizadas, cubriendo así las necesidades del profesorado canario. EFE
