Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Las solicitudes de protección internacional tramitadas desde Canarias en 2023 aumentaron un 17 % respecto a 2022 y llegaron a 8.661, según ha informado este lunes en la presentación de su informe anual la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio, el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha precisado que un 60 por ciento de esas peticiones se formalizaron desde Las Palmas y un 40 % desde Santa Cruz de Tenerife, provincias en las que la demora de este proceso difiere notablemente, ya que en la primera se prolonga por unos tres meses, mientras que en la segunda se puede extender hasta 15 meses.
La abogada de la ONG Beatriz Alfonso ha explicado que en Las Palmas estos trámites se hacen de forma presencial, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la vía exclusiva es el correo electrónico.
La letrada ha precisado que se trata de un proceso que consta de varias fases, siendo la primera cita de vital importancia, ya que en ella el solicitante acredita una manifestación de voluntad que le da derecho a acceder al sistema de acogida.
Hasta que no llega ese momento, la persona que pretende pedir asilo o refugio «está en la calle», ha aseverado, si bien ha asegurado que las ONG se encargan de alertar a Extranjería de los casos vulnerables (familias monoparentales, personas enfermas o con alguna discapacidad, víctimas de trata, miembros del colectivo LGTBI+ perseguidos por ello o menores tutelados), ante los que se agiliza el proceso.
Según la información que maneja CEAR de las personas que ha asistido en Canarias, el pasado año obtuvieron en las islas el estatuto de refugiado 36 personas, mientras que a otras 84 se les reconoció una protección subsidiaria.
Hasta mayo de 2024 otras 16 personas han sido consideradas refugiadas en Canarias y 39, fundamentalmente malienses, han obtenido una protección subsidiaria.
En el conjunto de España, país que en 2023 concedió protección internacional al 12 % de las personas que lo solicitaron, venezolanos y colombianos fueron las nacionalidades que volvieron a concentrar la mayoría de las denegaciones.
Entre los solicitantes de asilo y refugio en España les siguieron personas originarias de Siria, Afganistán, Cuba y Perú y, a mucha distancia, senegaleses.
Lorenzo ha considerado que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado en mayo de este año y el resultado de las recientes elecciones europeas confirman «una deriva hacia un lugar en el que no se reconoce lo diverso».
Frente a ella, ha insistido en que «otra forma de actuar es posible», si bien ha admitido que «falta valentía y voluntad política» para acabar con la «obstaculización de los derechos de las personas».
El representante de CEAR en Canarias ha alertado de que la externalización de fronteras que propicia este Pacto Europeo sobre Migración y Asilo tiene especial incidencia en el archipiélago, donde «preocupan las garantías jurídicas» por las que las personas que llegan pueden sentir «que no están en Europa».
Por ello, de cara a su próxima implementación por parte de España, la ONG exigirá que organismos independientes, como el Defensor del Pueblo, lleven a cabo un seguimiento al respeto de los derechos humanos y eviten que los llamados «espacios de espera» no sean en la práctica «espacios de retención». EFE
