Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos han presentado este viernes las 51 medidas con las que han concluido las cinco mesas de trabajo constituidas en la Conferencia de Presidentes, con las que se busca abordar la redistribución de la riqueza vinculada al turismo, la planificación territorial transparente y el desafío que supone la evolución demográfica.
Estas conclusiones estarán en exposición pública a partir del 21 de octubre en la web del Gobierno de Canarias para que la ciudadanía realice sus aportaciones hasta el 15 de noviembre.
Cuatro días después, en una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes de Canarias, que reunirá al presidente autonómico y a los titulares de los siete cabildos, se aprobará esta guía de las políticas en los próximos 25 o 30 años, según ha expuesto en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
Acompañado del presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Sergio Rodríguez, y de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, el portavoz ha subrayado que estas cinco mesas de trabajo, en las que han participado más de cien especialistas desde mayo pasado, se han abordado los retos de Canarias en tres dimensiones: económica; social; y ambiental y territorial.
El estudio está marcado por una realidad dual en Canarias: por un lado cuatro islas que reúnen al 95% de la población y el 97% de los recursos turísticos (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, y Fuerteventura, a su vez con marcadas diferencias territoriales en distribución de la población) y por el otro las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, afectadas por la despoblación y el envejecimiento.
«No puede ser café para todos, hay que modular estas dos realidades», ha indicado Cabello a la hora de presentar las 51 conclusiones, algunas de las cuales, una vez aprobado el documento definitivo tras la participación ciudadana, tendrán reflejo financiero en los presupuestos de 2025.
Cabello ha indicado que la estrategia que se presenta es «transversal y ambiciosa», una nueva manera de entender la política más participada y abierta, en la que prima la coordinación institucional para definir lo que hay que hacer, independientemente de las competencias o la financiación que requiera el desarrollo de las 51 medidas.
Un grupo de medidas se enfocan en la transparencia en la protección y el desarrollo del territorio, entre las que se incluyen la necesidad de actualizar la Ley del Suelo de 2017 y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda, con vistas a agilizar las licencias urbanísticas, aplicar la RIC a la edificación de viviendas protegidas, reorientar el suelo no residencial para construir viviendas protegidas y ampliar los beneficios fiscales y las garantías a arrendadores y arrendatarios.
En el sector turístico, se promueven medidas para favorecer la formación profesional y la calidad en el empleo en el sector, se busca hacer partícipe a la población local de los beneficios del turismo y se apunta a consensuar medidas de ordenación, gestión y vigilancia de los espacios naturales que incluyan el posible establecimiento de tasas de acceso o de prestación de servicios.
También se considera prioritario establecer mecanismos fiscales o tributarios para fijar la población al territorio en las zonas rurales, promoviendo actividades económicas en esas áreas, incluida la generación de productos del turismo como factor protector del ámbito rural.
En cuanto a las políticas demográficas, las instituciones acuerdan que las políticas deben tener en cuenta las especificidades de cada isla, clasificadas en una estrategia diferenciada para los municipios en despoblación o estancamiento y otra para los intensamente ocupados.
En el primero de los casos, las conclusiones inciden en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la renaturalización de los entornos urbanos y periurbanos y el fomento del turismo sostenible, así como de las prácticas agrarias sostenibles y la restauración del patrimonio cultural.
Habrá planes de movilidad sostenible y de fomento del transporte público, un plan específico para los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes y un Observatorio del Reto Demográfico.
Alfonso Cabello explicó que todo el trabajo realizado, condensado en las 51 conclusiones, es una oportunidad para abordar los retos desde «una nueva forma de trabajar» participativa en la que las administraciones no hablan de cuál es la competencia de cada uno sino de las cosas que hay que cambiar y financiar.
La presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subrayó la importancia de trabajar en la simplificación administrativa y pidió que las conclusiones sean de verdad tenidas en cuenta en el ámbito legislativo para que tengan «viabilidad competencial y económica» en el ámbito local, porque «a veces no se contemplan las realidades municipales», explicó.
Brito mostró sus dudas sobre «quién va a hacer qué y quién lo va a pagar», porque muchas veces se intentan trasladar competencias que los municipios no pueden abordar, como a su juicio ocurre con el proyecto de ley de alquiler vacacional en su actual redacción, que en su opinión debe cambiarse en el trámite parlamentario.
El presidente de la Fecai, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, incidió en que, aunque hay problemas comunes a todas las islas, como el cambio climático, el agua o la energía, otras medidas, como las relacionadas con el desarrollo turístico o las viviendas vacacionales, deben estar adaptadas a las necesidades de cada isla. EFE
