El arquitecto técnico municipal José Luis Espinel (i) abandona la sede del Ayuntamiento, custodiado por un agente policial. EFE/Carlos de Saá

Detenidos por corrupción una concejal de Puerto del Rosario y un funcionario municipal

Puerto del Rosario (Fuerteventura) (EFE).- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido este jueves en Fuerteventura a tres personas en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas una concejal de Puerto del Rosario y el arquitecto técnico del mismo Ayuntamiento.

Según han precisado a EFE fuentes de la investigación, dos de los arrestados son la edil de Fuerteventura Avanza Peña Armas, hoy en la oposición, pero concejal de Contratación durante la pasada legislatura, y el arquitecto técnico José Luis Espinel.

El funcionario fue arrestado a primera hora de la mañana, al inicio de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que supervisa esta operación, denominada ‘Odín’. Espinel ha permanecido hasta pasadas las 15.00 horas en el Consistorio, de donde ha salido conducido por agentes policiales.

Dos agentes policiales abandonan la sede del Ayuntamiento tras el registro ordenado por el Juzgado al cargo del caso. EFE/Carlos de Saá

En un comunicado, la Fiscalía de Las Palmas ha precisado que Anticorrupción ha presentado una querella contra nueve personas por las presuntas irregularidades detectadas en 36 contratos públicos por un importe total de más de un millón de euros.

En concreto, explica, se investigan delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraude presuntamente cometidos en la adjudicación de contratos menores de obra y servicios entre los años 2021 a 2023.

La Fiscalía ha rehusado ofrecer más detalles, ya que la operación sigue abierta y existe secreto de sumario.

Las fuentes consultadas por EFE aclaran que las presuntas irregularidades se refieren al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y llegaron a la Fiscalía a través de dos denuncias presentadas hace dos años, una por parte de Podemos y otra por un comunicante anónimo. EFE